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POSICIONES ENCONTRADAS SOBRE VETO CONTRA ALVA ORLANDINI EN DEMANDA CONSTITUCIONAL

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 El almirante (r) Jorge Brousset cuestionó la incorporación del abogado Javier Alva Orlandini, en el equipo legal contratado por el gobierno, para defender la legalidad del Tratado de Libre Comercio con Chile, acuerdo sujeto a una demanda interpuesta por un grupo de congresistas encabezados por Juvenal Ordóñez.

"Él no sólo ha sido miembro del TC, también fue su presidente. Existen normas y reglas de carácter internacional que le impedirían tomar partido en este caso, y menos tomar partido en esta causa que atenta contra los derechos del Perú", aseveró Brousset.

El almirante refiere que interpretando la Convención Iberoamericana contra la Corrupción, la participación de Alva Orlandini en la demanda constitucional contra el TLC con Chile, estaría prohibida por su vinculación como ex miembro del TC, órgano que revisará la causa.

De igual modo, cuestionó la participación del decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez Camacho, también parte del equipo legal de defensa del gobierno en este caso.

"Es un hombre público que está en este momento actuando en representación del colegio, es decir, de todos los abogados. No es ético que tome partido de manera personal cuando ejerce ese cargo. Mas bien, debería recoger todas las opiniones y ser objetivo en el planteamiento", explicó Brousset.

Sin embargo, para el congresista Jhonny Lescano, a pesar de ser uno de los que suscribieron la demanda contra el TLC con Chile, considera exagerado vetar a Javier Alva Orlandini como parte del equipo de gobierno.

"Me parece una interpretación absolutamente rara, qué información privilegiada puede tener en un caso nuevo, que recién se ha presentado. Qué podría sacar del TC como información privilegiada. Yo creo que el doctor Alva tiene todo el derecho como abogado que ha cesado en las funciones del TC patrocinar causas. No hay ninguna norma que se lo impida, y más aún en un asunto de interés nacional", aseveró Lescano.

El congresista señaló que los juristas que antes han ejercido cargos públicos en órganos judiciales, tienen derecho a continuar con su profesión de abogados una vez dejen esos puestos. "Varios presidentes de la Corte Suprema salen, ponen su estudio y comienzan a litigar porque tienen la fuerza como para seguir trabajando", señaló.