La Comisión Europea ha lanzado el miércoles 13 un rotundo mensaje: si una empresa no incluye la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades tendrá cada vez más complicado acceder y operar en el mercado europeo, el más poderoso del mundo con sus 405 millones de habitantes (y consumidores). Una de las señales más claras está dirigida a la industria del motor. Bruselas ha propuesto que a partir de 2035 no se puedan vender turismos ni furgonetas nuevos que emitan dióxido de carbono, lo que en la práctica significa vetar los motores de combustión, diésel, gas e híbridos.
La Comisión se alinea así con lo que ya estaban proponiendo algunos países —España en su nueva ley de cambio climático había fijado ese veto para 2040—, con lo que varias firmas europeas, como Volvo o Volkswagen, habían puesto sobre la mesa y con las preferencias que están mostrando en gran medida los consumidores.
La medida es un mensaje a los fabricantes europeos para que aceleren su transformación hacia el coche eléctrico y una advertencia a las firmas de fuera para que cambien si quieren seguir haciendo negocio en Europa.
Transporte
Entre los cambios más visibles figura la prohibición de coches con motor de combustión a partir de 2035. Para que no se le tilde de premiar una tecnología sobre otra, la Comisión utiliza como referencia las emisiones de CO₂ —el principal gas de efecto invernadero― de los vehículos.
En 2030, los turismos que se vendan deberán emitir un 55% menos de este gas (tomando como referencia las emisiones actuales). Para 2035, la reducción deberá ser del 100%, con lo que ya no podrán venderse coches nuevos y furgonetas de combustión. Los vehículos que ya estén en circulación podrán seguir en activo. Pero fuentes comunitarias calculan que el desarrollo de un mercado de segunda mano de vehículos eficientes y la renovación natural del parque móvil llevará a que en 2050 hayan desaparecido los turismos que utilizan gasolina o diésel.
La apuesta por el vehículo eléctrico o con el combustible de hidrógeno —pensando en camiones y transporte aéreo y marítimo— llega acompañada de objetivos para desarrollar la imprescindible infraestructura de repostaje. El proyecto legislativo fija que a partir de 2035 se disponga de un puesto de recarga de electricidad cada 60 kilómetros en las principales vías. Y cada 150 kilómetros en el caso del hidrógeno.
La apuesta por la electrificación del transporte que contemplan las normas aprobadas este miércoles están alineadas con los programas de recuperación que impulsa la UE. Se concreta, por ejemplo, en planes como el del coche eléctrico aprobado el martes por el Gobierno de España y que cuenta con una financiación de 4.295 millones de euros para transformar la industria de la automoción.
El transporte y la vivienda, además, se incorporarán a un nuevo mercado de emisiones, en el que participarán las compañías que suministran energía a esos sectores. Bruselas espera que la fijación de un precio de las emisiones de CO₂ en esas actividades contribuya a su reducción, dado que las empresas previsiblemente trasladarán el nuevo coste al consumidor final. La Comisión considera imprescindible la media para acelerar la reducción en sectores de los que proceden gran parte de las emisiones.
(Con información de El País)
