La autógrafa de Ley, aprobada por unanimidad por el Congreso de la República, y que expande los beneficios del control concurrente a obras e intervenciones públicas a nivel nacional, ha sido observada por el Poder Ejecutivo.
Mediante un comunicado la Controlaría lamentó tal decisión y explicó que esta decisión impide, entre otras cosas, que los gobiernos regionales y locales, donde se concentran el 86% de obras paralizadas, cuenten con esta eficaz herramienta para la adecuada gestión de los recursos públicos, y a la que han recurrido los últimos gobiernos promoviendo normas de alcance limitado.
«Confiamos que esta iniciativa reciba el apoyo de los próximos poderes Ejecutivo y Legislativo. El país necesita de instrumentos y modelos que, como ha demostrado el control concurrente, contribuyan a impulsar el desarrollo y la reactivación de obras y servicios públicos de calidad a través de un acompañamiento sistemático y especializado, permitiendo corregir riesgos y evitar irregularidades para beneficio de peruanas y peruanos», se lee.
