«Grandes constructoras que financian políticos no lo hacen por filantropía, es una inversión que tienen que recuperar y lo hacen cuando los candidatos ganan y ¿Cómo se paga el favor? festinando obras», expresó el especialista en material electoral, Carlo Magno Salcedo, al referir este problema como motivo de la normativa que ahora destina a partidos políticos un financiamiento público.
De acuerdo a la norma, desde el 2017, el Estado Peruano, por intermedio de la ONPE, provee dinero a los partidos políticos para financiar su vida partidaria mediante el Financiamiento Público Directo y estas organizaciones pueden invertir estos fondos en tres grandes rubros: gastos ordinarios, capacitación y formación e investigación. Precisamente, bajo esta última premisa, el partido naranja contrató los servicios de su excandidato al Congreso, Fernando Rospigliosi.
Mencionar que, un reportaje del dominical Punto final puso al descubierto que Fuerza Popular contrató consultorías, pagó maestrías y cursos de sus colaboradores y excongresistas de su partido, con fondos públicos por un monto cercano de 300.000 soles.
Sobre el caso Rospigliosi, Salcedo comentó: ¿Es razonable cobrar 180 mil por una investigación de tres páginas? ¿Eso sería razonable en un costo de mercado?, pero como no existe un marco más detallado estamos en un cuadro de ambigüedad.
Siendo así, mencionó que «es necesario que el Estado a través de la ONPE precise cómo es que los partidos pueden usar este dinero de tal manera que se evite estar financiando a algunos privilegiados en los partidos» e incluso dijo que «podría considerarse la participación de Osce para que existan criterios más normados».
Para el especialista, «no demos concluir de esta investigación quitar el financiamiento público a los partidos porque volvemos a un esquema peor en el cual los partidos van a depender de plata que los hipoteca».
