Se rompió el diálogo. Población de la comunidad campesina de Tumilaca Pocata Coscore y Tala denunciaron ser objeto de violencia física a manos de personal de seguridad de la empresa Southern Perú. Mediante videos difundidos en medios de Moquegua dieron cuenta de que el 10 de marzo un grupo de comuneros fue retenido contra su voluntad en una garita de control.
Tal denuncia desató un enfrentamiento en el sector de la laguna Viña Blanca. Según información, fueron empleados hasta extranjeros para repeler a la turba que desde la quebrada Cocotea llegaron en busca de rescatar a los retenidos.
El prefecto de Moquegua, Edgar Rea Tito, lamentó que la empresa Southern Perú actuara a cuenta propia pese al compromiso de sentarse a dialogar. A la vez confirmó que en la zona de los hechos pudo constatar la presencia de comuneros heridos.
«Lamentamos este acto de que la empresa haya decidido a cuenta propia tomar acciones para supuestamente recuperar la válvula de la empresa bajo supuestos de que había daño humanos. Nosotros responsabilizamos de este hecho a la empresa porque si bien es cierto ellos manifestaron vamos a dialogar debieron de respetar esa afirmación y no actuar de esta manera».
«Hemos podido identificar los daños y las personas. Existe un comunero que tiene daños en la cabeza me parece producto de una piedra, dos damas con moretones en brazos y piernas, del mismo modo hemos podido certificar un comunero con luxación en brazo izquierda y en el resto de los 20 que tuvieron el enfrentamiento daños menores», detalló.
Aclaró que como prefectura se buscó identificar daños en los vigilantes de la empresa privada Liberman contratada por SPCC, pero tal constatación no fue ejecutada debido a que la referida dispuso traslado de lesionados. No obstante supo que uno de los afectados denunció a través de medios de comunicación que fueron engañados «que era una desocupación simple, pero nunca los habían adiestrado para un enfrentamiento y producto de ello hubo heridos«.
Anunció que gestionara ante la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) pueda solucionar el conflicto latente en la jurisdicción.
Conflicto
El prefecto indicó que «el 11 de febrero los comuneros autoconvocados reclamaron a la empresa minera el por qué aperturaban una trocha en terreno de su propiedad«. En un primer contacto SPCC aceptó un diálogo que no llegó a buen puerto y el problema se acrecentó a tal grado que «la población bloqueó una vía férrea usada para trasladar minerales de la chancadora de la misma empresa hacia el puerto de Ilo».
Poco después radicalizaron medidas y tomaron la válvula de la represa Viña Blanca de donde se traslada el agua hacia algunos sectores de la minera, pero el descontento con Southern se agudizó luego que el 10 de marzo unos “60 trabajadores de la empresa Liberman de servicio que presta hacia Southern Perú van contra 20 comuneros que custodiaban el sector, causando daño físico a las personas y violación de algunos derechos personales de las mujeres que se encontraban en la zona y reteniendo contra su voluntad por 4 horas encerrados en una caseta”, aseveró el prefecto.
“Y al enterarse el otro grupo en la quebrada de Cocotea acudieron en su auxilio y ya no eran 20 sino cientos, ya el número superaba al número de vigilantes y delincuentes que supuestamente reteñían a sus compañeros. Huyeron supuestamente los delincuentes y vigilantes frente al número de comuneros”, relató Rea Tito.
A la zona acudieron una comisión conformada por Prefectura, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional, Fiscalía de Prevención del Delito, Dirección de Minas y Municipalidad de Torata.
Piden presencia del presidente Castillo
En el lugar se firmó un acta pidiendo una mesa de diálogo de alto nivel donde los comuneros piden la presencia del ministro de Minas, Premier y presidente Pedro Castillo. «Hoy estamos formalizando un documento para que la PCM pueda llegar a la zona y luego formalizar una mesa de diálogo de alto nivel».
Para el prefecto «se debe recurrir a documentos de propiedad pues SPCC aduce tener derechos mineros y concesiones mineras sobre la zona y por otro lado los pobladores denuncian usurpación de uso de los terrenos comunales y frente a ello se tiene que acudir a una documentación que de fe de la propiedad y arribar a una solución», recomendó.
Por su parte la PCM emitió un comunicado lamentando la ruptura del diálogo e invocando a la calma.
