El prefecto de Moquegua, Edgar Rea Tito, indicó que fue solicitado en última reunión con presencia del congresista Guillermo Bermejo y la ministra Betssy Chávez que la minera levante la denuncia de los 18 comuneros y luego de ello los comuneros suelten el agua y liberen la vía férrea. Y así calcular daños con peritos siempre en cuando los demandantes demuestren que son dueños de los territorios.
Es así que “en última llegada a Viña Blanca fue acordado que el domingo 10 de abril en una reunión plena de los integrantes de la comunidad de Tumilaca van a anunciar fecha de reinicio de la mesa de diálogo. En horas de la noche sabremos que han decidido, sabemos que ellos piden que sea en Viña Blanca, no tenemos problemas, solo estamos en espera de la fecha”, manifestó.
Refirió que, «si pedimos neutralidad, la mesa debería de realizarse en el distrito de Torata, un espacio que preste condiciones para la concentración de las partes con la intervención del Estado».
Acotó que el conflicto minero en Moquegua es mucho más complejo de lo que parece pues implica a numerosas partes que solo participación del Poder Judicial se podrá llegar a una solución.
«La empresa Southern que funciona por mas de 50 años ahora denuncia pérdidas económicas, el sindicato de trabajadores que están por perder su vínculo laboral con la minera por esta suspensión perfecta que se podía aplicar, los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala por uso y abuso de sus condominios territoriales, tenemos a la asociación de herederos de los altos de Pocata quienes aducen ser dueños de estos territorios y también se encuentra implicada la comunidad de Cambrune que denuncian a la vez a Southern de usufructuar indebidamente sin autorización para pasar tuberías por su territorio», detalló.
Y frente a ello «no cabe otra posibilidad de que el Estado sea intermediario porque todos reclaman contra la minera y cada quien tiene diferentes reclamos, unos piden millones de dólares, otros piden miles de soles y otros piden obras. Es un problema complejo que sabemos esta judicializado».
“Es una solución técnica mas que política y frente a una solución técnica quien tiene la palabra es el Poder Judicial que tendrá que pedir documentación que de fe que son dueños de estos territorios y se de fe de los daños en territorios”, acotó.
“Pedimos al Poder Judicial apresurarse y de una vez deslindar cuales son las responsabilidades y los beneficios que le tocaría a cada uno”, instó.
