Cuestionamientos ha despertado el oficio múltiple n.° 05-2022 emitido por la Dirección Regional de Educación (DRET) con fecha 8 de julio que evoca la Ley del Código de Ética de la función pública para en reglón seguido disponer que sea comunicado al personal y estudiantes debidamente matriculados en la Escuela o Instituto que, «deberán abstenerse de conducir, organizar, promover, participar, motivar, inducir o generar cualquier actividad de protesta y/o suscribir documentos relacionados con pretensiones reivindicativas o de defensa institucional asumiendo representatividad de la misma».
Uno de los primeros en levantar su voz de rechazo al documento de la DRET es el docente César Málaga quien a través de Radio Uno expresó que «es preocupante que se emita un documento con este carácter prohibitivo sobre todo al estamento estudiantil en el cual se le prohíba ejercer derechos fundamentales como son: el derecho a la libre opinión, a la libre expresión, a la libertad de reunión o inclusive al derecho de participar sea en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural (…) que son elementos básicos de una democracia».
Para el entrevistado resulta aún más grave que el documento consigne la precisión de «los alumnos debidamente matriculados están prohibidos» es decir que por el hecho de estar matriculado en una institución superior a uno se le prohíbe de ejercer derechos legítimos ciudadanos».
«Creo que este documento tiene un gravísimo error de ser cierto que se haya comunicado esto no solo al Pedagógico sino también a todas las instituciones superiores de estudios lo cual de ninguna manera puede estar ejerciendo este tipo de presiones y sobre todo a los estudiantes que ya no son niños sino son ya ciudadanos en pleno uso de sus derechos», comentó también en referencia al EESPP José Jiménez Borja que en recientes fechas ha sido la institución que más protestas ha protagonizado en contra de la reubicación de su centro de estudios por problemas de linderos con el colegio Champagnat.
