La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata III y Petroperú. La titular del Ministerio Público imputa al jefe de Estado los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y por el segundo, por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias agravado. La denuncia también involucra a los exministros Juan Silva, del ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Justamente Benavides Vargas acumuló los dos casos en una sola carpeta fiscal. Ello debido a que se trataría de la misma organización criminal liderada por el jefe de Estado. En el caso Puente Tarata III se investiga si el presidente, junto al exministro del MTC Juan Silva y sus sobrinos Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, direccionaron una obra pública por 232,5 millones de soles en beneficio de un consorcio que había sido contactado por los operadores Zamir Villaverde García y Hugo Meneses Cornejo. El caso Petroperú se investiga la presunta adjudicación irregular de biodiésel B100 por 74 millones de dólares a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO) del empresario Samir Abudayeh, quien antes de ganar el contrato se reunió con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno.
