Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), comentó que el Caso de Esterilización Forzada practicada a más de 2 mil mujeres de ande sin su consentimiento fue reabierto por la Fiscalía de la Nación.
“No solamente se daba premios a quienes esterilizaban a las mujeres, además se les obligaba a que cada mes reporten un número mínimo de personas esterilizadas”, explicó Gloria Cano.
La abogada Cano enfatizó que este delito que dañó a miles de personas no debería ser olvidado y que la investigación debe continuar en todos los niveles, sin importar si se trata de funcionarios del Estado en cualquier área.
Desde el 26 de octubre, La Fiscalía de la Nación reabrió el caso de las esterilizaciones forzadas, para investigar a fondo e identificar y sancionar a los responsables de este delito que privó de tener familia a un aproximado superior a las 2 mil personas. Las enfermeras y obstetras que cometieron dichas prácticas habrían operado en la zona andina, principalmente.
La prensa a nivel nacional informó que en aquella época se pagaba por cada persona esterilizada. Las obstetras recibían 100 nuevos soles por cada esterilización, mientras que las enfermeras recibían 50 nuevos soles.
Las esterilizaciones forzadas habrían sido una política de planificación familiar aplicada en el periodo fujimorista, según Gloria Cano. Este delito contra muchas personas analfabetas y campesinos que no fueron informados de la esterilización que se les practicaría tendría aproximadamente 15 años de impunidad. Para los defensores de los Derechos Humanos, este sería el momento más apropiado para hacer justicia.
