El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) enfrenta ahora el proceso de promulgación de la ley que dispone aumento de pensiones para docentes cesantes y jubilados aprobado por el Congreso en segunda votación el jueves 4. Lucio Castro, secretario general del SUTEP refirió que no existe justificación válida para que la presidenta Dina Boluarte decida observar la normativa, pero de hacerlo enfatizó que el Legislativo tiene prerrogativa para la promulgación.
El profesor Castro enfatizó que el Ejecutivo ha hecho gala en diferentes ocasiones de que la economía peruana es sólida, con 87,000 millones de reservas. Por ello cuestionó que se dispongan de «cientos de millones» para congresistas o se exonere de impuestos a agroexportadores por más de 1,800 millones de soles, mientras los maestros jubilados perciben pensiones «inconcebibles» que van desde 472 soles hasta 1,100 soles. Sostuvo que es una cuestión de decisión y voluntad política para asegurar la justicia social para los 162,000 maestros que han estado en situación de desplazamiento e inestabilidad.
Así, señaló que históricamente, cuando se trata de beneficios para los trabajadores, el Estado suele alegar falta de fondos, pero que «dinero hay y lo que falta es voluntad política». Anuncia que continuarán con su estrategia de «relacionamiento político», conversando con el gobierno y las fuerzas políticas en el Congreso.
Castro recordó que el proyecto de ley se originó a partir de una iniciativa del SUTEP, identificada como la ley 4786. Así, se planteó que la remuneración de los maestros cesantes sea equivalente a lo que gana un maestro de primera escala, que incluya a los docentes de la Ley 20530, la Ley 1990, e incluso a aquellos en el sistema privado de pensiones.
Inicialmente, el SUTEP planteó que el fondo para estas pensiones se generaría haciendo que las instituciones educativas privadas pagaran impuestos, una propuesta que fue finalmente desechada. La alternativa que prevaleció fue el uso del impuesto a la quinta categoría que pagan los 420,000 docentes del país, el cual, según el SUTEP, generaría un fondo suficiente para cubrir esta necesidad.
