La salida de Dina Boluarte de la presidencia del Perú, ocurrida la noche de ayer o madrugada de hoy, es, según el coronel Harvey Colchado, producto de un incremento en la ola criminal —particularmente las extorsiones— y fue la “gota que ha rebasado el vaso” tras el suceso del grupo Agua Marina.
Colchado explicó que la presidenta se sostenía por el Legislativo, que en realidad funge de «cogobierno» con el Ejecutivo. Los partidos tradicionales habrían actuado rápidamente porque la Generación Z y otros colectivos (transportistas, artistas, comerciantes) se habían reunido días antes para convocar una marcha exigiendo la salida de Boluarte y otras medidas.
«Si no la vacamos, entonces esos votantes se nos van,» habrían concluido, actuando de manera «comechadamente con cálculo político». Esta acción se interpreta como miedo del Congreso al pueblo, especialmente tras ver cómo crecía el rechazo, similar al caso de Philis Butter en Puno.
Respecto a la situación jurídica de la expresidenta Boluarte, el panorama es complejo. Pese a que su abogado defensor ha declarado que ella no fugaría ni buscaría asilo, Colchado enfatizó que, legalmente, no se le puede pedir impedimento de salida del país ni ningún tipo de restricción.
Esto se debe a una resolución previa del Tribunal Constitucional (TC) que ha señalado que los presidentes no pueden ser objeto de ninguna investigación de ningún tipo, ni siquiera preliminar. «La ha blindado. Ahí está. Pues ahora se puede fugar, puede salir, no tiene ningún impedimento, no puede ser tocada,» afirmó Colchado.
El coronel lamentó que, aunque la Fiscalía puede accionar ahora que Boluarte deja el poder, el proceso de levantamiento de inmunidad por parte del Congreso es prolongado.
Leyes Pro-Crimen: El Origen de la Crisis
Una de las principales críticas del coronel Colchado se centra en el Congreso y el Ejecutivo, a los que acusa de dar «leyes procrimen» que son el inicio del incremento de la criminalidad. Este aumento delictivo es «insostenible debido a la mala política del Ministerio del Interior y la Presidencia».
Entre las herramientas que el Congreso habría desactivado o debilitado para favorecer a la criminalidad se encuentran: escuchas Telefónicas, el plazo máximo para la escucha a un extorsionador se redujo de lo que duraba una investigación (uno o dos años) a solo cuatro meses; colaboración eficaz, el plazo máximo se redujo de tres años a ocho meses. Además, se exige que la declaración del colaborador sea filmada en audio y video, lo que desincentiva la delación por temor a que esa filmación sea entregada por «fiscales y jueces cuellos blancos»; y organización criminal, se subió el tipo penal mínimo de cuatro a cinco años y se excluyeron diversos delitos de corrupción, incluyendo tráfico de influencia, negociación incompatible, colusión, cohecho, tala ilegal y minería ilegal.
A pesar del blindaje del TC, Colchado señaló la existencia de un «cúmulo» de pruebas contundentes contra Boluarte, incluyendo casos graves de corrupción cuando fue ministra del MIDIS (caso Qali Warma). Además, mencionó actos de obstrucción, encubrimiento, y abuso de autoridad por la desactivación del equipo especial policial, citando el audio de su abogado defensor, Mateo Castañeda, grabado por el propio Colchado como agente encubierto. También se refirió al hallazgo de una tarjeta de identificación de un reloj Rolex no declarado y 40,000 soles durante el allanamiento del 29 de marzo de 2024, lo que apunta a lavado de activos.
«Esos 105 congresistas o más quien han votado por las leyes procrimen, ninguno debe ser elegido». El objetivo debe ser elegir gente honesta y decente para revertir la situación.
Colchado finalizó su análisis describiendo la situación política actual como una «democracia tomada» por el Congreso. «La títere ya salió. Ahora hay que sacar a los titiriteros o cortarles algunas cuerdas,» sentenció. El pueblo debe exigir la derogación de las leyes procrimen, el levantamiento de la inmunidad y el nombramiento de un nuevo Tribunal Constitucional.
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