El caso del escolar que fue víctima del robo de un teléfono celular y agresión por parte de tres de sus compañeros de su colegio Gregorio Albarracín sigue estancado a nivel administrativo y avanza lentamente en la fiscalía. Carlos Franco Llanos, padre del menor agraviado, manifestó su profunda preocupación por la falta de acción del colegio y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), ya que los agresores continúan asistiendo libremente al plantel.
El asalto ocurrió a la salida del colegio el 10 de octubre. A pesar de que dos de los adolescentes involucrados ya declararon a la policía que sí estuvieron y participaron en el hecho, y que el tercer implicado (quien supuestamente posee el celular) lo niega, los cuatro estudiantes «conviven en la institución educativa».
El padre de familia denunció que, hasta el momento, no existen medidas correctivas ni de apoyo claras para su hijo. Narró que los tres jóvenes pasan frente a él, incluso durante los recreos, «como provocándole». Aunque el director le mencionó estar dando garantías, el padre disiente, sospechando que estas garantías son para los agresores. El padre exige que el director tome medidas correctivas, como mantener a los agresores a cierta distancia, algo que no está ocurriendo.
Ante la UGEL, el padre ha presentado documentos manifestando la necesidad de medidas de protección para su hijo y medidas correctivas contra los agresores. Además, ha denunciado el maltrato psicológico y bullying que sufre su hijo, así como violencia y omisión de funciones por parte del director y el personal encargado de la seguridad estudiantil.
El abogado de la familia, César Málaga, subrayó la importancia de la parte administrativa. Indicó que, si bien las normas educativas lamentablemente no permiten la expulsión o separación de los estudiantes como antes, sí deben tomarse medidas de protección a la víctima.
Lo último que informó la UGEL es que la documentación presentada por el padre ha sido puesta en conocimiento de la Comisión de Procesos Administrativos. Dicha comisión evaluará la situación para la posible apertura de un caso. El progenitor ha solicitado que se investiguen los antecedentes de violencia en el colegio, pidiendo la instalación de una comisión especial conformada por padres de familia, la Defensoría del Pueblo y la UGEL, para investigar a fondo los casos de bullying y violencia escolar.
A nivel fiscal, la investigación preliminar fue asumida por la fiscalía provincial y no por la fiscalía de familia, lo cual el abogado Málaga consideró un paso positivo. El delito se está tratando como robo agravado, aplicando el Artículo 189 del Código Penal bajo los alcances de la Ley 42330, que permite tratar a menores de 16 y 17 años involucrados en delitos graves (como el robo agravado) como personas adultas.
La investigación preliminar tiene un plazo de 60 días, habiendo transcurrido ya aproximadamente un mes desde el hecho (10 de octubre). El proceso sufrió un retraso inicial debido a que la fiscal a cargo tuvo que inhibirse, ya que el abogado de la parte demandada resultó ser pariente o «compadre» de ella.
El abogado Málaga y el progenitor instaron a las autoridades educativas a actuar con agilidad y criterio para que el caso no continúe impune y se prevenga la violencia en las instituciones.
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