TACNA. La comunidad campesina de Vilavilani denunció el presunto incumplimiento de compromisos por parte de la empresa minera Minsur, unidad Pucamarca, y la persistente falta de servicios básicos en la zona, pese a más de una década de actividad extractiva. Ante esta situación, los comuneros han iniciado un denominado “control territorial”, tras el vencimiento del contrato de servidumbre el pasado 17 de diciembre.
El presidente de la comunidad, Ángel Sucso Ramos, informó que se ha impedido el tránsito de la empresa minera por terrenos comunales debido a la falta de acuerdos para la renovación del convenio y al incumplimiento de promesas vinculadas al desarrollo sostenible de la población.
Sucso Ramos señaló que, a pesar de que la explotación minera en la zona se inició en 2013, Vilavilani continúa careciendo de servicios básicos esenciales. “Nuestra comunidad hasta ahora no tiene agua ni desagüe; el sistema está totalmente colapsado”, afirmó, advirtiendo además que las aguas servidas vienen siendo vertidas a caudal de río desde hace varios meses.
El dirigente sostuvo que existe una “deuda social” con la comunidad, más aún considerando los altos precios internacionales del oro. Añadió que diversos proyectos productivos impulsados en la zona no lograron consolidarse, como una cadena productiva de orégano que no llegó a la etapa de comercialización por falta de presupuesto y asistencia técnica.
Según el presidente comunal, tras el inicio del control territorial, Minsur habría remitido cartas notariales calificando a la comunidad como “violentista”, afirmación que rechazó tajantemente. “No somos antimineros, solo exigimos un trato justo”, indicó.
Ante la imposibilidad de utilizar vías terrestres, la empresa habría optado por el uso de helicópteros para el traslado de personal y suministros, situación que —según denuncian los comuneros— estaría generando afectaciones a la fauna silvestre y al ganado por el ruido constante.
En el marco de las conversaciones sostenidas, Minsur habría planteado una propuesta de 17.2 millones de soles para la ejecución de obras y la conformación de un fondo social. No obstante, la comunidad expresó su malestar por la difusión pública de dicha cifra y precisó que cualquier recurso deberá ser administrado a través de una empresa comunal, con el fin de asegurar inversiones sostenibles, como la adquisición de maquinaria y la prestación de servicios a la propia mina.
Sucso Ramos también cuestionó a las autoridades regionales y locales de Tacna y del distrito de Palca, a quienes acusó de abandono y discriminación. Señaló que diversos proyectos para la zona han sido rechazados bajo el argumento de que la empresa minera debería asumir su financiamiento.
Finalmente, la comunidad solicitó la intervención del Gobierno Central y la presencia de ministros o viceministros para mediar en el conflicto. El control territorial, precisó el dirigente, se mantendrá por acuerdo de la Asamblea General hasta la firma de un nuevo convenio que garantice mejoras en salud, educación y servicios básicos para los más de 450 comuneros de Vilavilani.
