TACNA – La situación legal del alcalde de Alto de la Alianza debería definirse en 48 horas tras su detención durante una intervención policial en una zona destinada a ser un «cordón ecológico». El burgomaestre es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, bajo la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad.
El incidente ocurrió la tarde del jueves 5 durante un desalojo extrajudicial ejecutado por la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna, que utilizó maquinaria pesada para remover árboles y arbustos en una zona protegida por los vecinos. Según el acta de intervención policial, se acusa al alcalde de agredir físicamente a un efectivo de la PNP —quien recibió un día de descanso médico— y de azuzar a la población para impedir la diligencia, llegando incluso a registrarse pedradas contra la maquinaria
En consulta por Radio Uno, el abogado penalista Alex Choquecahua indicó que, no siempre el acta policial refleja los hechos reales, pues – dijo- que es una práctica común en actas policiales exagerar lesiones para exculpar excesos de la propia policía. Por ello señaló es importante la investigación y pericia que pueda demostrar la defensa legal de la autoridad edil.
Explicó, que el futuro del alcalde depende de las decisiones que tome la fiscalía de Alto de la Alianza dentro del plazo de las 48 horas de detención preliminar. Ante ello, se barajan tres escenarios principales:
Libertad inmediata: Si el fiscal considera que no existen elementos de convicción suficientes
Investigación común: Si el juez de flagrancia rechaza un proceso inmediato por considerar que el caso requiere más investigación. En este escenario, el alcalde saldría en libertad, pero el proceso podría durar entre uno y tres años
Proceso Inmediato (Flagrancia): Si se determina que hay pruebas suficientes, se iniciaría un juicio célere que podría dictar una sentencia en un plazo máximo de 15 días
El delito imputado es sumamente delicado. Tomando como precedente el «caso Buscaglia», donde una ciudadana fue sentenciada a más de 6 años por una agresión física a un policía, el alcalde podría enfrentar una pena que oscila entre los 2 años (suspendida) y hasta los 8 años de privación de libertad efectiva. Además, el hecho de ser funcionario público actuaría como un agravante en este proceso.
Paralelamente a la situación del alcalde, la Fiscalía de Medio Ambiente, a cargo del fiscal Elmer Gárnica, ha abierto una investigación contra el Gobierno Regional y su Procuraduría, esta pesquisa busca determinar responsabilidades por la destrucción de la zona arborizada, una acción que ha sido calificada de «ilógica» dado que los vecinos y la municipalidad buscaban proteger dicho espacio verde frente a las constantes invasiones en la ciudad
En tanto, el alcalde permanece bajo custodia policial mientras su defensa busca evitar el inicio de un proceso de flagrancia que lo lleve rápidamente a una condena.
