Tacna. El reciente incremento de los pasajes del transporte urbano en la ciudad continúa generando controversia. El economista Jaime Soto Rojas afirmó que esta subida no responde únicamente a factores internacionales, sino a una presunta concertación ilegal de precios entre empresas del sector, situación que —según indicó— habría sido avalada por el alcalde provincial Pascual Güisa.
«El alcalde en vez de salir a apoyar a la población hace concertación con los empresarios del transporte», comentó.
En conversación con Radio Uno, Soto Rojas señaló que la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) no cuenta con estudios técnicos actualizados sobre la estructura de costos y márgenes de ganancia de las empresas de transporte, lo que limita su capacidad de fiscalización.
“Las municipalidades deben manejar estimaciones de costos y utilidades para regular adecuadamente, pero en Tacna no se observa ese trabajo”, sostuvo. A su juicio, esta debilidad institucional habría permitido que el incremento tarifario se traslade directamente al usuario sin un sustento técnico sólido.
El economista reconoció que el precio del petróleo ha registrado incrementos a nivel mundial, alcanzando los 101 dólares por barril en medio de tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, precisó que este factor no justifica que el total del impacto sea asumido por los pasajeros.
Explicó que el encarecimiento del crudo repercute en toda la cadena productiva, elevando costos en combustibles, plásticos, fertilizantes y otros insumos básicos, pero insistió en que se requieren mecanismos de regulación local para evitar abusos. Soto Rojas recordó que, si bien el modelo económico peruano promueve el libre mercado, la concertación de precios está prohibida y sancionada por el Indecopi.
“La concertación es ilegal y ya ha sido castigada en otros sectores, como el farmacéutico. No debería permitirse en el transporte”, advirtió, planteando la necesidad de una investigación para determinar responsabilidades.
El especialista propuso una serie de medidas para reducir la presión económica sobre la población, como ser disminuir el IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo aplicados a los combustibles, y activar mecanismos del Ministerio de Economía y Finanzas para subsidiar el impacto del alza internacional.
Finalmente, cuestionó que el Estado mantenga altos impuestos a los combustibles por ser una fuente rápida de recaudación, en lugar de implementar políticas que protejan a los sectores más vulnerables.
El economista concluyó que la situación requiere una intervención urgente de las autoridades competentes para evitar que el costo de la crisis recaiga exclusivamente en los ciudadanos.
