Walter Goyzueta, presidente de la Junta de Fiscales, advierte que la falta de recursos, la renuncia de especialistas y el déficit de peritos ponen en riesgo casos emblemáticos. Así, reveló la precaria situación económica que enfrenta el Ministerio Público, señalando que el presupuesto actual es insuficiente para cubrir la alta carga procesal de la región.
Según la autoridad, esta crisis no es solo logística, sino que afecta directamente la capacidad de respuesta ante delitos que amenazan la fe pública y la seguridad ciudadana. Aunado a ello está la pérdida de personal especializado. Goyzueta informó que diversos psicólogos han renunciado, dejando desatendidas zonas periféricas, y que no se ha renovado el contrato al personal de derechos humanos.
Asimismo, la institución carece de digitadores, lo que retrasa la atención a víctimas en casos de flagrancia, como agresiones contra la mujer, donde la celeridad es vital para realizar cámaras Gesell o pericias psicológicas. «Simplemente no hay presupuesto», sentenció el fiscal, subrayando así que humanamente no podrán atender los más de 1,300 casos de «votos golondrinos» recientemente detectados por el Reniec, si estos llegan a denunciarse formalmente.
La falta de presupuesto para peritajes es otro cuello de botella. Goyzueta detalló que una pericia por lavado de activos puede costar entre 20,000 y 30,000 soles, montos que la fiscalía no puede asumir. Al no contar con peritos propios, Tacna depende de la oficina central en Lima, donde existe una larga cola de espera que dilata las investigaciones por meses o años. Esta situación obliga, en ocasiones, a trasladar el costo de las peritajes a los propios ciudadanos o a depender de declaraciones testimoniales que son insuficientes para lograr condenas sólidas en juicios.
La crisis también alcanza el ámbito tecnológico. El proyecto para renovar el instrumental del Laboratorio de Criminalística se encuentra actualmente paralizado en el Gobierno Regional de Tacna, a pesar de existir convenios específicos y cotizaciones listas. Goyzueta expresó su preocupación debido a que la falta de equipamiento de última generación obliga a enviar pruebas de balística o ADN a Arequipa o Lima, impidiendo que casos resueltos en flagrancia lleguen a una sentencia rápida por falta de pruebas científicas contundentes.
Ante este escenario, la presidencia de la Junta de Fiscales ha hecho un llamado a las autoridades locales y regionales para establecer alianzas estratégicas que permitan invertir en infraestructura y equipamiento, una de las pocas vías legales permitidas para recibir apoyo externo sin comprometer la independencia de la institución. Sin una inyección de recursos inmediata, el mensaje para la población es de una «justicia lenta y limitada», donde las investigaciones emblemáticas, como las del hospital regional o la corrupción municipal, corren el riesgo de quedar estancadas.
Más de diez años que no implementan Laboratorio de Criminalística
