El Ministerio Público de Tacna ha puesto en marcha un despliegue preventivo ante el hallazgo de más de 1,000 presuntos «votos golondrinos» en el distrito de Ilabaya. En una entrevista reciente, Walter Goyzueta, presidente de la Junta de Fiscales, informó que la Fiscalía de Prevención del Delito ya ha solicitado formalmente a Reniec información sobre incrementos inusuales de domicilio en otros distritos de la región.
Goyzueta fue enfático al señalar que estas acciones no solo constituyen una falta administrativa, sino delitos graves y al sumarse con la alteración del padrón, la sumatoria de penas alcanza un promedio de 10 años de pena privativa de libertad.
«En los casos ya verificados por el Reniec ya es un hecho consumado porque ya obtuvieron su DNI; en ese supuesto podría haber un delito de falsedad ideológica en la medida que yo digo que vivo en tal domicilio cuando no vivo en tal domicilio y haya obtenido en mi DNI una dirección que no es correcta ¿con que finalidad? con la finalidad de utilizarlo en el proceso electoral y ese es un perjuicio a Reniec y a la fe pública».
Así, confirmó que el Ministerio Público ha dispuesto que los fiscales de las provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave, además de Tacna, inicien labores preventivas para detectar variaciones domiciliarias inusuales. La investigación surge tras un informe de Reniec que detectó en Ilabaya 1,183 personas que no residen en las direcciones declaradas, incluyendo casos de concentraciones sospechosas en un mismo inmueble.
Instó a la población a ejercer su derecho de fiscalización. Los ciudadanos pueden revisar el padrón y denunciar ante Reniec si detectan personas que no viven en su jurisdicción. «El voto golondrinaje altera la elección democrática de los pobladores de determinada jurisdicción y eso es lo que debemos prevenir», comentó.
Falta de recursos
En otro momento, Goyzueta expresó su profunda preocupación por la precaria situación económica del Ministerio Público. «Si Reniec nos denuncia 1,350 casos, humanamente no vamos a poder atenderlos con el presupuesto actual», señaló.
El fiscal detalló que la institución atraviesa una crisis que afecta investigaciones emblemáticas. Han renunciado psicólogos y no se han renovado contratos de digitadores ni de personal para derechos humanos. Además, una pericia puede costar entre 20,000 y 30,000 soles, y al no haber presupuesto, las investigaciones dependen de una larga cola de espera en Lima.
En tal sentido, recordó que el proyecto para renovar el instrumental de Criminalística está paralizado en el Gobierno Regional a pesar de existir convenios específicos.
Fiscalía acciona ante caso de «votos golondrinos» en la región Tacna
