El abogado Anthony Crespo Barrionuevo, defensa de los deudos, desmiente versiones oficiales y asegura que las víctimas eran ciudadanos desarmados que se dirigían a un evento deportivo.
En declaraciones a Radio Uno, el abogado calificó el reciente operativo militar en Colcabamba como una “ejecución arbitraria e ilegal” y una “masacre” perpetrada contra cinco ciudadanos. Según el letrado, los fallecidos fueron acribillados y emboscados sin que mediara justificación alguna, contradiciendo los comunicados emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Frente a las acusaciones oficiales que intentan vincular a las víctimas con el narcotráfico o el terrorismo, Crespo fue enfático en señalar que el acta de intervención es clara: en el vehículo no se encontró ni una sola arma, rastro de droga o compartimentos ocultos conocidos como “caletas”. “No han encontrado absolutamente nada más que cinco personas muertas y dos heridas”, sentenció el abogado, subrayando que la versión de un enfrentamiento carece de sustento objetivo.
Asimismo, desmintió las declaraciones del director de la Policía sobre el ciudadano colombiano fallecido. Crespo aseguró que este contaba con permiso de permanencia legal en el Perú vigente hasta julio de 2026 y que no poseía antecedentes penales, calificando las afirmaciones policiales como “mentirosas” y basadas en información errada.
Uso desproporcionado de la fuerza La defensa técnica resaltó la total falta de proporcionalidad en el actuar militar. Mientras que el vehículo intervenido presenta más de 60 impactos de bala, ningún miembro del ejército resultó herido durante el suceso. Crespo criticó que se utilizara armamento de largo alcance contra civiles que no portaban armas, señalando que incluso en el hipotético caso de que una persona hubiese estado armada —versión que rechaza—, el despliegue de siete efectivos contra una sola persona de esa manera sigue siendo desproporcionado.
El abogado denunció que, debido a la negligencia de la fiscal Gina Signa Romero Chávez, quien no solicitó la ampliación de la detención preliminar, los ocho militares involucrados (incluyendo un capitán y suboficiales) se encuentran actualmente en libertad. Por este motivo, se está redactando una queja formal ante el Ministerio Público contra la magistrada. Actualmente, el caso ha sido derivado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Huancayo.
Crespo Barrionuevo advirtió que la responsabilidad no recae únicamente en los ejecutores directos, sino también en los altos mandos que habrían emitido las órdenes. “Parece que hemos regresado a los años 80 en donde se acribillaba a personas por la simple sospecha”, lamentó el abogado, haciendo un paralelo con casos emblemáticos de violación de derechos humanos como La Cantuta y Barrios Altos. Finalmente, instó a la opinión pública y a la prensa a no permitir que el caso quede impune bajo la narrativa de una supuesta lucha contra el crimen.
