Especialista en derechos humanos cuestiona dictamen del Congreso y advierte que norma podría favorecer la prescripción de graves delitos y afectar casos emblemáticos.
Lima. El abogado especialista en derechos humanos, Carlos Rivera, criticó duramente el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República (Proyecto de Ley N.° 14337/2025), que busca regular los delitos de lesa humanidad en el Código Penal, al que calificó como una “trampa legislativa” orientada a la impunidad.
Rivera sostuvo que la iniciativa —que incorpora el Estatuto de Roma al ordenamiento nacional— introduce criterios probatorios que no existen en el derecho penal peruano, al exigir que la sistematicidad de los ataques sea acreditada mediante documentos como planes de operaciones, órdenes o directivas oficiales.
El jurista advirtió que este estándar documental resulta “excesivamente restrictivo” y no se condice con la práctica del derecho internacional, donde la existencia de políticas de Estado suele inferirse a partir del contexto y los hechos, debido a que la documentación puede ser inexistente o haber sido destruida.
Asimismo, alertó que una de las principales consecuencias del proyecto sería que, en caso de no cumplirse dicho estándar probatorio, los hechos podrían ser reclasificados como delitos comunes, lo que abriría la posibilidad de su prescripción.
Otro de los puntos cuestionados por Rivera es la aplicación retroactiva de la norma. Según indicó, el texto permitiría su uso en investigaciones en trámite e incluso en procesos ya sentenciados y confirmados por la Corte Suprema, lo que consideró “altamente inconstitucional”.
En ese sentido, advirtió que casos emblemáticos como el de Alberto Fujimori, la matanza de Accomarca o procesos vinculados a Vladimiro Montesinos podrían verse afectados si la norma llega a aplicarse, ya que abriría la posibilidad de revisión de sentencias firmes.
Rivera también señaló que la propuesta legislativa tendría impacto en las investigaciones relacionadas con las muertes registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, al establecer la exigencia de pruebas documentales directas, como órdenes escritas, lo que —según afirmó— dificultaría acreditar la existencia de una política de Estado.
Finalmente, cuestionó lo que consideró una “desnaturalización” del derecho internacional, al diferenciar entre “política de Estado” y “política de gobierno”, lo que —según explicó— podría restringir la responsabilidad penal únicamente al Poder Ejecutivo, excluyendo a otras instituciones del Estado.
Para el especialista, esta iniciativa refleja una tendencia de “degradación legislativa” orientada a reinterpretar el pasado judicial del país y, en su criterio, favorecer escenarios de impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
