La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 60 días contra el gobernador regional, Luis Torres Robledo, y los que resulten responsables, a raíz de denuncias vinculadas al presunto manejo irregular de 35 hectáreas, cerca del aeropuerto Carlos Ciriani, en presunto favor de la desalojada Asociación Pequeños Empresarios de la Región Tacna (Apertac).
Al respecto, el abogado Daniel Astete García, detalló que la denuncia fue formalizada por el presunto delito de avocamiento ilegal de procesos en trámite. Según el letrado, el Gobierno Regional de Tacna (GRT) habría emitido opiniones favorables para promover la Ley 32607, la cual declara de interés nacional el extenso predio, omitiendo informar al Congreso sobre la existencia de procesos judiciales vigentes.
«Pese a tener conocimiento de procesos judiciales en trámite, un contencioso administrativo y una acción de amparo con medida cautelar de anotación de demanda, el gobernador promueve y emite opinión favorable para esta ley», sostuvo Astete a la vez de señalar que la normativa prohíbe que cualquier autoridad se aboque a procesos pendientes ante el Poder Judicial, bajo pena de cárcel
Astete anunció, que también solicitará formalmente la inclusión de Jonás Ayma Mamani, jefe de la Oficina de Administración de Bienes Inmuebles (OABI), como investigado en el caso. Según mencionó, documentos obtenidos mediante la Ley de Transparencia revelan que el funcionario solicitó a la Municipalidad Provincial de Tacna el cambio de zonificación del terreno de «Industrial» a «Residencial».
Este movimiento ha sido calificado por Astete como un «contrasentido», ya que anteriormente el mismo funcionario suspendió una subasta pública reconociendo que el predio estaba en litigio, pero de manera «oculta» continuó gestionando beneficios para el sector de Apertac.
Además de la investigación por corrupción, el abogado dio a conocer que solicitó a la Fiscalía de Prevención del Delito el inicio de un procedimiento preventivo, también por 60 días, ante el riesgo de delitos de usurpación y omisión de actos funcionales.
«Lo que nosotros buscamos es que se respete la Constitución y el debido proceso. No se puede premiar con terrenos a sectores que incluso han tenido antecedentes de usurpación y desalojos que le costaron dinero a la región«, destacó el abogado refiriéndose a Apertac.
Acusan a gobernador Torres de promover ley a favor de la desalojada APERTAC
