El abogado Daniel Astete ha denunciado que la LEY Nº 32607 , que declara de interés nacional la implementación del proyecto «Parque de Emprendimiento Mypes» en terrenos de la región Tacna beneficiaría directamente a la Asociación Pequeños Empresarios de la Región Tacna (Apertac), liderada por Wilfredo Sosa Arpasi, pese a sus antecedentes judiciales y un reciente desalojo por ocupación ilegal. La normativa es de autoría del congresista de Fuerza Popular, Raúl Huamán Coronado y ha sido publicada en el diario oficial El Peruano el pasado 23 de mayo.
Según Astete, se trata de una «ley con nombre propio» impulsada por el gobernador regional Luis Torres Robledo, ignorando que dicha asociación fue desalojada por el propio Gobierno Regional de Tacna (GRT) en años anteriores por usurpación de esos mismos terrenos.
«Es indignante que se premie a quien fue calificado como usurpador», señaló el letrado, enfatizando que la norma ignora otros proyectos de centros industriales que sí cumplían con los trámites administrativos regulares. Así, el abogado aseveró que la autoridad regional envió el Oficio 276-2026 al Congreso de la República solicitando la priorización del debate de esta ley, con base a que en 2025, el ejecutivo regional emitió una opinión técnica favorable al proyecto, a pesar de conocer los antecedentes judiciales del terreno.
Detalló que el terreno en cuestión abarca 35 hectáreas cerca del aeropuerto y se encuentra actualmente judicializado. Existe una medida cautelar de anotación de demanda inscrita en los registros públicos a favor de la Asociación de Empresarios e Industriales de la Región de Tacna, la cual prohíbe cualquier modificación sobre el predio hasta que se resuelvan las causas pendientes.
Según la defensa legal de los empresarios industriales, el Gobierno Regional habría omitido informar al Congreso sobre la existencia de estos procesos judiciales y la medida cautelar vigente, lo que podría derivar en denuncias penales por el delito de abocamiento ilegal de procesos en trámite y omisión de actos funcionales
Para el abogado, existe el peligro de que esta ley declarativa sea utilizada como una «herramienta legal» para que los antiguos ocupantes intenten ingresar nuevamente al terreno de manera irregular, como ocurrió en 2022. Ante este escenario, anunció una denuncia preventiva ante la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito para evitar nuevas usurpaciones.
De tal manera que invocó a la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de Tacna para evaluar la constitucionalidad de la norma.
El abogado destacó que incluso el 7 de mayo el GRT no solo saludó la aprobación de la norma, sino que también evidenció que desde el 2025 ya respaldaba la iniciativa.
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