El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, denunció presuntas acciones de obstrucción en la investigación por la muerte de un joven ocurrida en la comisaría de Manchay, al señalar que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se niega a entregar la carpeta fiscal original a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Juan José Quispe, informó a Radio Uno que ya ha interpuesto una denuncia por desobediencia a la autoridad y abocamiento indebido contra el comandante y el instructor de la unidad policial involucrada. Según el letrado, la policía pretende seguir investigando a sus propios miembros basándose en la reciente ley del Congreso que les devuelve facultades de investigación preliminar.
“Un policía no puede investigar a otro policía”, enfatizó Quispe, recordando que los tratados internacionales exigen que estos casos sean vistos por instancias independientes. Denunció, además, que la Dirincri solo ha remitido copias simples a la fiscalía, reteniendo los originales, lo que calificó como un riesgo de «manipulación» de las pruebas para favorecer a los agentes implicados.
A la vez, calificó de «absurda» la versión policial que sugiere que el joven se quitó la vida utilizando el cordón de su propia capucha. Quispe cuestionó la veracidad de esta narrativa, señalando que, según la policía, el joven habría realizado maniobras físicas improbables mientras supuestamente estaba bajo los efectos de drogas.
Asimismo, reveló que la necropsia —aunque incompleta— muestra lesiones en la cabeza, antebrazo, pierna, estómago y el resto del cuerpo. Si bien el informe menciona «asfixia mecánica por ahorcamiento», Quispe aclaró que esto puede ser provocado tanto por mano propia como por mano ajena, y que las contusiones refuerzan la sospecha de maltrato o tortura.
Así, Quispe no dudó en acusar al congresista Fernando Rospigliosi de denigrar públicamente a la víctima para proteger a los policías en custodia. Según el abogado, se está legislando para que, en conflictos de competencia, se prefiera siempre al fuero militar-policial, lo que en la práctica garantiza que los malos elementos no rindan cuentas ante la justicia común.
«O sea, es un absurdo esa posición, pero sin embargo, […] el miserable, por no decir otra cosa, señor Rospigliosi, a esa clase de delincuentes protege, no a los buenos policías, sino a estos policías que como en el caso Gerson Falla Marreros también lo mataron el año 2011, igual en el caso de Ivo Ivancovich el 2013 lo torturaron hasta que finalmente falleció», aseveró.
Finalmente, el defensor recordó que este caso no solo involucra una muerte sospechosa, sino también actos de corrupción, pues existe una investigación paralela en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de coimas y pedidos de comida que los efectivos habrían realizado a la familia antes del fallecimiento del detenido.
