Tras la reciente sentencia que reafirma la prohibición de que el Congreso impulse iniciativas con impacto en el gasto público, el congresista Edgar Tello Montes defendió la constitucionalidad de la Ley N.° 32581, alegando que impulsa una mejora en las pensiones de los docentes jubilados, y denunció un trato desigual hacia el magisterio frente a los beneficios otorgados al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
El parlamentario rechazó las críticas de exministros de Economía y otros sectores que cuestionan su constitucionalidad por generar gasto público. En ese sentido, afirmó que el Tribunal Constitucional ya ha emitido pronunciamientos sobre la validez de las leyes aprobadas por el Congreso durante el actual periodo legislativo.
«Si tendría que poner a la Ley de Pensiones dignas, a la ley Tello 32581 de pensiones dignas; tendrían que poner a la ley de policías y militares porque ahí no es el mínimo, ahí es el 100% de la remuneración y de acuerdo al grado», aseveró Tello ante la posibilidad de que la Ley 32581 sea declarada inconstitucional.
Tello señaló que existe un trato diferenciado entre el magisterio y las fuerzas del orden. Explicó que la ley aprobada para militares y policías, promulgada en marzo de 2026, les permite acceder a una pensión equivalente al 100 % de la remuneración que perciben en actividad, según su grado, mientras que la Ley N.° 32581 propone que los docentes jubilados reciban una pensión equivalente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, estimada en aproximadamente S/ 3,500.
«Para policías y militares hay presupuesto, pero contra el magisterio hay que darle con palo», expresó el legislador, al sostener que el financiamiento destinado al régimen pensionario del sector Defensa y del Interior supera ampliamente al previsto para los docentes.
El congresista también cuestionó la actuación de Fuerza Popular durante la aprobación de la iniciativa, recordando que dicha bancada se abstuvo en la votación de la ley para el magisterio, pese a respaldar normas similares para el personal militar y policial. Asimismo, sostuvo que existiría una intención de restringir la aprobación de beneficios sociales.
Respecto a la implementación de la norma, Tello criticó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la demora en la reglamentación de la Ley N.° 32581. Según indicó, el plazo de 90 días establecido para este procedimiento ya se cumplió y, hasta el momento, no se ha publicado el reglamento correspondiente.
Finalmente, el parlamentario señaló que la ejecución de la ley dependerá también de la aprobación del crédito suplementario que debate el Congreso, advirtiendo que, de no concretarse, la aplicación de los beneficios podría quedar a cargo de la próxima administración gubernamental.
