El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria culminó este viernes la etapa de control de acusación en el proceso seguido contra el gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna y otros investigados por el presunto delito de colusión agravada. Con ello, se emitió el auto de enjuiciamiento, por lo que el expediente será remitido al juzgado de juzgamiento para el inicio del juicio oral.
En declaraciones a Radio Uno, el fiscal Erwin Gutiérrez, del Segundo Despacho Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, explicó que durante la etapa intermedia se revisó el requerimiento de acusación formulado por el Ministerio Público, se resolvieron las observaciones presentadas por las defensas y finalmente se admitieron los medios probatorios que serán actuados en el juicio. «Se ha dictado el auto de enjuiciamiento y ahora corresponde que el caso sea remitido al juzgado de juzgamiento para iniciar el debate probatorio», señaló.
Respecto a los hechos investigados, el magistrado indicó que la Fiscalía atribuye a los acusados haber concertado, en el año 2017, para favorecer a una asociación durante la venta de un terreno ubicado en el Parque Industrial de Viñani. Según la tesis fiscal, el predio habría sido adjudicado por un monto inferior a su valor real y se habrían realizado actos administrativos presuntamente irregulares para validar el pago fuera del plazo establecido, ocasionando un perjuicio al Estado.
Gutiérrez también confirmó que el juzgado rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas, incluido el formulado por la defensa de Luis Ramón Torres Robledo, al considerar que existen suficientes elementos de convicción para que el proceso continúe. Asimismo, precisó que fueron admitidos documentos, pericias, testimonios y material audiovisual que serán evaluados durante el juicio oral.
Finalmente, el fiscal descartó un eventual riesgo de prescripción del caso y destacó la realización de audiencias presenciales para agilizar el proceso. «Consideramos que no existe riesgo de prescripción. En delitos contra la administración pública los plazos son más amplios y este caso debe resolverse en juicio oral para que se determine la responsabilidad de los acusados», afirmó.
