Moquegua. La representante de la sociedad civil ante el Comité de Monitoreo de Quellaveco, Catherine Maldonado, afirmó que los 26 acuerdos suscritos con la empresa minera constituyen un «contrato social» que debe cumplirse íntegramente y advirtió que estos compromisos no pueden quedar entrampados ante el próximo cambio de gobierno nacional.
Durante sus declaraciones, la docente expresó su preocupación por la incertidumbre política que podría generarse con la instalación de la nueva administración del Ejecutivo, señalando que la población debe mantenerse vigilante para garantizar que los compromisos asumidos por la empresa sean respetados.
«Es un contrato social que tenemos que mantener, vigilar, cautelar y hacer cumplir», sostuvo Maldonado, al tiempo que convocó a las organizaciones sociales a reforzar la defensa de los acuerdos. Agregó que, independientemente del gobierno de turno, Quellaveco tiene la obligación de cumplir con lo pactado y consideró que una paralización de sus operaciones tampoco sería conveniente para la empresa.
La representante de la sociedad civil remarcó que la principal prioridad ya no es la empleabilidad ni la contratación de proveedores locales, sino garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para la población y el sector agrícola.
En ese sentido, señaló que los acuerdos 11, 16, 18 y 22, así como los compromisos relacionados con el cierre de minas, deben ser supervisados con especial atención y bajo una condición que calificó de innegociable: «No se puede negociar absolutamente nada que no sea agua por agua».
Las declaraciones se producen luego de la conformación de un subgrupo técnico temporal, el cual tendrá un plazo de 15 días para analizar la viabilidad legal y técnica de suministrar agua desde el reservorio Vizcachas hacia la población y los agricultores de la región.
Este equipo contará con el respaldo de los colegios profesionales de ingenieros y abogados, con el objetivo de evaluar los argumentos técnicos frente a la posición de Quellaveco, que sostiene que dicha entrega de agua podría resultar ilegal.
Finalmente, Maldonado hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a mantenerse unidas y evitar divisiones que, según indicó, podrían favorecer a la empresa minera en las comunidades de su zona de influencia, como Asana y Torata.
Asimismo, anunció que los representantes de la sociedad civil informarán a las organizaciones de base sobre las acciones que se adoptarán si al término del nuevo plazo no existen avances concretos en el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el recurso hídrico.
