El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). En estos recintos, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días calendario y comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de doscientos metros. En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Además, se establece que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles. Estas operaciones contemplan un control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas.
Asimismo, se realizarán operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. En tanto, el Instituto Nacional Penitenciario mantendrá la administración y la custodia interna de las prisiones.
Cabe indicar que, durante la vigencia de la norma, el Gobierno «garantiza el respeto irrestricto a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Actualmente, los 5 penales focalizados albergan cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.
Challapalca no va
Tacna rechaza el penal de Challapalca por considerarlo de ilegal funcionamiento y un riesgo para la población, debido a la presencia de familiares y allegados de internos de alta peligrosidad. El 30 de octubre de 2024, una multitudinaria protesta, que incluyó el cierre de la frontera, se realizó durante el gobierno de Dina Boluarte. El 4 de febrero del 2026, la provincia de Tarata y la localidad de Capazo, en la región Puno, también se sumaron a las protestas contra el recinto penitenciario.
Ante la presidenta Keiko Fujimori, quien estuvo el 28 de agosto en la ciudad con motivo de los 97 años de la reincorporación de Tacna al Perú, la Sociedad de Señoras solicitó el cierre del centro penitenciario. El pedido fue reiterado el 1 de setiembre por la Mujer Tarateña, durante las actividades por los 101 años de reincorporación de Tarata a la heredad nacional.
Challapalca es, además, señalado como un foco de contaminación para la Comunidad Campesina de Maure, ubicada a casi 5 mil metros sobre el nivel del mar, en el altiplano de la región Tacna. La población sostiene que se encuentra afectada por la contaminación generada por el penal de máxima seguridad y el cuartel Fuerte Inclán.
Sin embargo, hasta la fecha, el pedido de cierre definitivo no ha sido atendido por el Gobierno. Por el contrario, se ha reforzado la seguridad del establecimiento penitenciario, lo que augura la continuidad del traslado de delincuentes de alta peligrosidad hacia esta zona del sur del país.
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