TARATA – El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hoy Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), ha roto su silencio para confirmar que no cuenta con documentación que respalde la propiedad de los terrenos que ocupa el Establecimiento Penitenciario de Challapalca. Tras una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y virtuales de la sede central, la institución admitió no haber encontrado un acta de donación por parte de la Comunidad Campesina de Maure.
(Audio: Lectura de respuesta del INPE)
Marcial Laura, presidente de la comunidad de Maure, recibió la noticia con satisfacción, señalando que esto ratifica la postura que ha sostenido por años. «Nunca ha habido algún tipo de acuerdo de donación, ni por mi persona ni por la comunidad», enfatizó el dirigente, aclarando que, si bien hubo reuniones de coordinación en el pasado, estas nunca se concretaron en la entrega legal de tierras.
La falta de este documento invalida la declaración jurada que en su momento presentó el INPE para el saneamiento físico-legal de la cárcel, dejando al descubierto una inscripción irregular ante Registros Públicos.
Ante el hallazgo, la comunidad ha decidido pasar a la ofensiva. Laura confirmó que el proceso de evaluación legal ha terminado y ahora se están iniciando acciones legales en las vías penal y civil. Las coordinaciones ya han comenzado con la Fiscalía de la provincia de Tarata, jurisdicción a la que pertenece el penal.
Más allá de la propiedad de la tierra, la comunidad denuncia un grave impacto ecológico. Según los informes técnicos y el testimonio de los comuneros, el penal carece de una planta de tratamiento adecuada, lo que provoca que aguas servidas y basura colapsen hacia el río Maure durante la temporada de lluvias. «Las truchas amanecen muertas flotando en el río y es constante el aborto de alpacas y llamas por consumir agua contaminada», denunció Laura, haciendo un llamado urgente a las autoridades para salvar la cuenca.
(Audio: Marcial Laura, presidente de la comunidad Maure)
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