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Cuatro colombianos siguen bajo investigación por extorsión bajo modalidad “gota a gota”

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Intervenidos tras denuncia de una mujer que afirmó haber recibido amenazas y ataques contra su vivienda en Gregorio Albarracín. Fiscalía debía definir su situación tras cumplirse las 72 horas de detención.

Cuatro ciudadanos colombianos permanecen bajo investigación por su presunta participación en un caso de extorsión vinculada a préstamos bajo la modalidad de “gota a gota”, luego de ser intervenidos el último viernes en Tacna. Según la información recogida, los detenidos son Jonathan Pérez González (24), Martín Alonso Sánchez Chima (23), Jordi Peñata Muñoz (22) y Harold José Flores Gerandek (24).

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer, quien habría señalado que los intervenidos llegaron hasta su vivienda ubicada en la asociación José Carlos Mariátegui, en el distrito de Gregorio Albarracín, donde presuntamente lanzaron piedras contra una de las ventanas y ocasionaron daños materiales. La denunciante también habría recibido, mediante WhatsApp, amenazas de muerte, además de advertencias de que regresarían para exigir el pago del dinero que previamente le habrían prestado.

Al día siguiente de la denuncia se produjo una agresión contra la expareja de la mujer. La intervención habría comenzado a partir de la acción de agentes de seguridad y posteriormente participó el grupo Terna, que ya venía realizando labores relacionadas con el caso y logró intervenir a los cuatro ciudadanos extranjeros. De acuerdo con la información proporcionada, tanto la mujer como su expareja habrían tenido relación con el préstamo y los investigados contarían con los datos personales de ambos.

La situación legal de los cuatro intervenidos debía ser definida por el Ministerio Público luego de cumplirse el plazo de 72 horas de detención señalado por el fiscal. Entre las posibilidades se encontraba que la Fiscalía solicite una medida judicial, como prisión preventiva, o adopte otra decisión dentro de la investigación. Hasta el momento, no se ha confirmado judicialmente la responsabilidad penal de los intervenidos, por lo que corresponde mantener la presunción de inocencia mientras continúe el proceso.