El excongresista Alberto Quintanilla cuestionó el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, al considerar que la solicitud, que comprende 120 días, ocho materias y 66 ítems, resulta excesiva y podría afectar el equilibrio de poderes. Según sostuvo, siete comisiones de la Cámara de Diputados ya habrían rechazado distintos aspectos de la propuesta.
Quintanilla planteó que deberían retirarse del pedido las materias relacionadas con tributación, legislación laboral y modificaciones al sistema financiero, y concentrar la delegación en asuntos vinculados con la emergencia por el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana. A su juicio, el Ejecutivo debería presentar proyectos específicos y buscar acuerdos con los parlamentarios en lugar de solicitar facultades amplias.
El exparlamentario también cuestionó la actuación de los ministros durante el debate en las comisiones y consideró que existiría una falta de coordinación política dentro del Gobierno. Asimismo, afirmó que el Ejecutivo todavía tendría la posibilidad de mejorar los canales de diálogo y modificar su estrategia antes de que el pedido sea sometido a una decisión definitiva en el Parlamento.
Durante la sesión de la Comisión de Constitución, además, un representante del Ejecutivo explicó algunos alcances de las facultades solicitadas en materia de seguridad. Entre ellos se plantea modificar el marco que regula la participación de las Fuerzas Armadas para permitir su actuación frente a organizaciones criminales con estructuras jerarquizadas, armamento y control territorial, así como reforzar su participación en el perímetro y control de establecimientos penitenciarios.
Otro de los planteamientos expuestos está relacionado con ciudadanos extranjeros en situación irregular involucrados en hechos ilícitos. El Ejecutivo evalúa ampliar el plazo de retención previo a una eventual expulsión y habilitar instalaciones temporales para estos casos. También se analiza utilizar infraestructura disponible de las Fuerzas Armadas para albergar temporalmente a internos por delitos de menor gravedad, con el objetivo de separar a esta población de quienes cumplen prisión por delitos violentos.
