La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) exigió una investigación célere y exhaustiva para esclarecer el asesinato de la comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy ‘La China’ Polo, quien fue atacada por un sicario durante un acto proselitista mientras concedía una entrevista.
La presidenta de la ANP, Zuliana Lainez Otero, cuestionó que la Fiscalía haya considerado inicialmente la hipótesis de feminicidio, aunque posteriormente esta fue corregida, y pidió que no se descarte ninguna línea de investigación relacionada con el crimen.
La ANP también advirtió sobre la falta de protección estatal frente a las amenazas que la víctima habría recibido. Según el gremio, la comunicadora había denunciado de manera reiterada amenazas de muerte provenientes de tres establecimientos penitenciarios y había solicitado formalmente garantías para su vida, sin que se implementara un esquema de resguardo.
La organización periodística señaló que existe un patrón en las investigaciones de asesinatos contra hombres y mujeres de prensa, debido a que los procesos suelen concentrarse en identificar a los autores materiales sin llegar a determinar quiénes ordenaron o financiaron los crímenes.
Como antecedentes, la ANP mencionó los asesinatos de Gastón Medina, en Ica; Fernando Núñez, en Pacasmayo; y Mitzar Castillejos, en Aguaytía. Según el gremio, estos casos enfrentan el riesgo de quedar sin resultados sobre los autores intelectuales ante el vencimiento de los plazos de investigación.
Asimismo, la ANP alertó sobre la situación de vulnerabilidad que afrontan los periodistas en las regiones del país. Indicó que cerca del 80 % de los comunicadores trabaja de manera autogestionada y carece de respaldo institucional frente a procesos judiciales, hostigamientos y amenazas.
El gremio advirtió además sobre las presiones ejercidas por organizaciones criminales, entre ellas mafias vinculadas al tráfico de terrenos, contra periodistas que investigan o informan sobre sus actividades.
Ante este escenario, la ANP demandó que las autoridades determinen no solo a los responsables directos del asesinato, sino también a quienes pudieron ordenar el ataque, además de establecer eventuales responsabilidades por omisión de funcionarios encargados de prevenir situaciones de riesgo.
