En el marco del Día del Trabajador Municipal, integrantes del Sindicato de Servidores Públicos Municipales (SISEMP) realizaron un plantón de protesta en los exteriores de la sede del Poder Judicial de Tacna para exigir el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan la restitución e incorporación de trabajadores municipales al régimen laboral de obreros del Decreto Legislativo 728.
Los manifestantes responsabilizaron a la actual gestión del alcalde provincial Pascual Güisa Bravo por el incumplimiento de los fallos judiciales. Durante la protesta, los trabajadores denunciaron actos de discriminación laboral debido a que servidores que realizan las mismas funciones se encuentran sujetos a diferentes modalidades de contratación, con beneficios y condiciones laborales distintas.
Según explicaron, algunos trabajadores aceptaron temporalmente ser incorporados al régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), debido a restricciones presupuestales de la municipalidad. Esta decisión se adoptó bajo el compromiso de que posteriormente serían incorporados al régimen de obreros 728 mediante el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), compromiso que, aseguraron, no habría sido cumplido.
“Lo que pedimos al alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna es que cumpla su palabra y respete a los trabajadores municipales. Queremos que se nos reconozca como obreros 728 y que se cumplan las sentencias que ha emitido el Poder Judicial”, manifestó Valentina Huilca, trabajadora municipal.
Otro de los reclamos corresponde a un grupo de trabajadores que obtuvo el reconocimiento del régimen laboral 728 durante la gestión del exalcalde Julio Medina. Sin embargo, según denunciaron los sindicalistas, al asumir la administración de Pascual Güisa, estos servidores fueron trasladados al régimen CAS, argumentándose presuntas irregularidades en su incorporación.
Los trabajadores señalaron que, después de aproximadamente tres años de procesos judiciales, obtuvieron sentencias que declararon la nulidad de las resoluciones administrativas mediante las cuales se les retiró el régimen laboral 728. Ante la demora en la ejecución de estos fallos, la dirigencia sindical advirtió que presentará denuncias penales contra los funcionarios que resulten responsables del presunto incumplimiento de las disposiciones judiciales.
“Sabemos que para el Poder Judicial somos una carga procesal, pero lo único que pedimos es que haga cumplir las sentencias judiciales”, sentenció.
