El Estado peruano asumiría un costo de S/ 1.114 millones para remediar los daños ambientales vinculados a las operaciones mineras de Aruntaní en la cuenca del río Coralaque, mientras la garantía constituida por la empresa sería de aproximadamente S/ 25 millones. Así lo advirtió —en base a reciente reportaje de Latina Noticias— el ingeniero Guido Herrera, asesor técnico de la Junta de Usuarios de Moquegua.
En fecha reciente, a nivel nacional se conoció de la transferencia de S/ 6,6 millones de recursos públicos para financiar estudios destinados a modificar el plan de cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, propiedad de Aruntani S.A.C., que ha generado cuestionamientos debido a que la resolución ministerial lleva la firma del actual ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, quien tuvo un vínculo laboral con la empresa.
El asesor consideró necesario esclarecer si estas vinculaciones pudieron influir en las decisiones sobre la remediación ambiental y el financiamiento de las intervenciones. Además, cuestionó que los recursos públicos deban cubrir gran parte de los trabajos de recuperación ambiental tras más de dos décadas de actividad minera en la unidad Florencia Tucari y zonas aledañas.
Herrera precisó que, además del presupuesto destinado a la remediación, se transfirieron S/ 21 millones a Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) y se asignaron otros S/ 6 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
En contraste, señaló que la garantía de la minera, constituida mediante un fideicomiso, asciende a US$ 8 millones, equivalentes aproximadamente a S/ 25 millones. También afirmó que existen multas por S/ 128 millones que no se habrían cobrado debido a procedimientos de apelación en las vías administrativa y judicial.
El asesor sostuvo que los problemas de contaminación en la cuenca del Coralaque se agravaron desde 2018, tras reportarse fallas y filtraciones en los sistemas de drenaje de la operación minera.
Según explicó, evaluaciones técnicas posteriores identificaron contaminación en los ríos Margaritani, Apostoloni y Titire, afluentes del Coralaque, cuyas aguas son utilizadas por poblaciones y actividades productivas de la zona.
Herrera afirmó que análisis realizados en comunidades afectadas revelaron presencia de cadmio y arsénico en sus habitantes. De acuerdo con sus declaraciones, alrededor del 90 % de la población de Pachas presentaría estos metales en el organismo, mientras que en sectores de Tumilaca y Torata la proporción de personas con presencia de arsénico alcanzaría cerca del 80 %.
Asimismo, el ingeniero cuestionó las condiciones de abastecimiento de agua en la comunidad de Aruntaya, donde, según denunció, no se habría instalado una planta de tratamiento para garantizar agua de calidad.
La contaminación también habría perjudicado a las actividades agropecuarias. Herrera señaló que los ganaderos de Aruntaya han sufrido una importante reducción de sus rebaños de alpacas, que en algunos casos pasaron de 200 o 300 animales a menos de la mitad.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de avances en las obras de recuperación. Herrera aseguró que desde diciembre del año pasado están concluidos cuatro expedientes técnicos para construir plantas de tratamiento de agua y ejecutar la derivación de cauces, pero que hasta octubre no se habían iniciado los trabajos.
