La representación parlamentaria por Tacna emitió un pronunciamiento conjunto en el que expresó su preocupación y desacuerdo ante los recientes acontecimientos ocurridos en la Municipalidad Provincial de Tacna. Según el documento, durante una visita de fiscalización al despacho del alcalde Pascual Güisa Bravo, los legisladores señalaron que se presentaron dificultades para desarrollar la diligencia y obtener las explicaciones requeridas.
Los congresistas indicaron que este tipo de situaciones afecta el normal ejercicio de sus funciones de control y la transparencia institucional. Asimismo, recalcaron la importancia de que las autoridades municipales mantengan canales de apertura y rendición de cuentas ante las instancias de representación democrática cuando se evalúan temas de interés ciudadano.
El núcleo central del pronunciamiento aborda el proceso relacionado con el predio del ex Fundo Chololo. Los parlamentarios manifestaron su preocupación respecto a la eventual firma de contratos vinculados a dicho terreno, señalando que existen cuestionamientos pendientes que deben ser esclarecidos por los órganos competentes antes de tomar decisiones definitivas.
Ante este escenario, la representación nacional solicitó formalmente a la autoridad edil que se abstenga de suscribir acuerdos o contratos sobre el predio del ex Fundo Chololo hasta que las instancias de control emitan sus respectivos informes y se despejen las dudas existentes. El objetivo, según el comunicado, es resguardar los intereses de la región y evitar posibles perjuicios derivados de procesos administrativos cuestionados.
Como parte de las medidas anunciadas, los parlamentarios informaron que evaluarán las acciones legales y políticas correspondientes en el marco de sus competencias. Esto incluye la convocatoria al alcalde provincial para que brinde explicaciones ante la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados, buscando que el proceso se desarrolle con total claridad.
Asimismo, recordaron que los antecedentes del caso ya fueron puestos en conocimiento de instituciones clave para la supervisión y control de la administración pública, tales como la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo. A dichas entidades se les exhortó a actuar dentro del ámbito de sus atribuciones para garantizar la legalidad.
Finalmente, la representación parlamentaria reafirmó su compromiso de continuar cumpliendo con su labor fiscalizadora en representación de la ciudadanía de Tacna. El pronunciamiento fue respaldado y firmado por la senadora Juana Ticona Cohaila y los diputados Svieta Fernández González y Juan Cabrera Nieto.
