Pese a irregularidades detectadas por Contraloría e investigación fiscal en curso, el gobernador regional Luis Torres Robledo emitió resolución que avala la transferencia de 11.8 hectáreas del Fundo Chololo para el proyecto de Mercado Mayorista y Minorista San Pedro que impulsa la gestión del alcalde Pascual Güisa Bravo. El documento fue emitido un día antes de lo que sería la suscripción del contrato por US$ 29.3 millones y sin importar que el proceso arrastra cuestionamientos por el vencimiento de los plazos de transferencia, las prórrogas administrativas y la situación registral del predio.
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La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 549-2026-GR/GOB.REG.TACNA, emitida el 12 de noviembre de 2026 y suscrita por el gobernador regional Luis Ramón Torres Robledo. Con esta disposición se aprobó la solicitud presentada por la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) para modificar la modalidad de ejecución del proyecto a Proyecto en Activos, bajo el marco de la Ley N.° 32441 y su reglamento por un periodo de 30 años, en el predio ubicado en la Parcela 1-A, Sub Lote 2-C, del sector Pago Para Grande.
La operación compromete al Consorcio San Pedro integrada por 13 personas, situación que es denunciada por comerciantes del Mercado Grau como un claro direccionamiento.
Entre las principales condiciones establecidas figura que la MPT deberá inscribir los derechos de superficie y usufructo en los Registros Públicos dentro de los 60 días calendario posteriores a la suscripción del contrato. En cuanto a la ejecución de las obras, se fijó como fecha límite el 24 de enero de 2028 para la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obra del primer componente.
La autorización regional se produce pese al vencimiento de la carga de transferencia del terreno en junio de 2025, las posteriores prórrogas administrativas y la falta de actualización oportuna de los antecedentes en los Registros Públicos. Además, según la defensa legal de los comerciantes del Grau, la MPT habría avanzado con el proceso de selección del inversionista y la aprobación del contrato sin contar previamente con la autorización formal del Gobierno Regional para modificar la modalidad de ejecución.
Así también, es denunciado que la resolución que convalidó el cambio fue emitida cuando el proceso contractual ya se encontraba avanzado y a pocas horas de la ceremonia pública de adjudicación.
El acto administrativo fue notificado al alcalde provincial de Tacna, Pasqual Güisa Bravo, mediante el Oficio N.° 712-2026-GGR-OACAI/GOB.REG.TACNA. Asimismo, se remitió la documentación a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y al Órgano de Control Institucional para las actualizaciones correspondientes en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP).
Cabe mencionar que parlamentarios de Tacna se pronunciaron exigiendo al alcalde provincial suspender la firma del contrato del proyecto y al gobernador regional, Luis Torres, abstenerse de convalidar el procedimiento, debido a que existe una investigación fiscal por presuntas irregularidades advertidas por la Contraloría. El caso incluso motivó una visita de fiscalización de la senadora y los diputados a la Municipalidad Provincial de Tacna, encuentro que terminó en medio de gritos y expresiones de falta de respeto por parte del burgomaestre.
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