El parlamentario solicitó que el Fiscal de la Nación explique por qué no existe una fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en la Región Tacna.
Juan Pari Choquecota, congresista por Tacna.
Ante el considerable incremento de las denuncias penales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en las regiones de Tacna, Moquegua y Madre Dios, el congresista Juan Pari, solicitó los respectivos informes al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia y al ministro de Justicia, Daniel Figallo Rivadeneira.
Los hechos denunciados tienen como característica común el beneficio con montos significativos provenientes de fondos públicos de canon minero administrados por los gobiernos regionales y locales, recordó el parlamentario.
En este sentido solicitó al Despacho del Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, las razones por las que hasta la fecha no existe una Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en la Región Tacna dedicada –con el personal necesario- a procesar de acuerdo a ley los numerosos casos de denuncia por delitos contra la administración pública que se replican en las provincias de la región y que no vienen siendo adecuadamente atendidas. Se espera una explicación sobre la inexistencia de peritos suficientes para el estudio y emisión de opinión técnica para el procesamiento de las denuncias formuladas ante la sede de la Fiscalía del distrito judicial de Tacna.
De igual forma pidió a Daniel Figallo, Ministro de Justicia, un informe sobre la precaria situación de la sub sede de la Procuraduría Pública Descentralizada de la región Tacna que actualmente sólo cuenta con una profesional, quien con el apoyo de una secretaria, debe procesar y atender las 407 denuncias sobre presuntos delitos de corrupción de funcionarios que actualmente atiende.
Esta situación debe ser explicada, pues evidencia debilidades en la defensa de los intereses que el Estado, lo que deriva en la gran cantidad de denuncias que no puedan ser procesadas, investigadas y defendidas en la sede fiscal y judicial de manera oportuna y eficaz y muchos casos queden impunes.
