Francisco Soberón de la Asociación de Derechos Humanos calificó de inédito que se haya esperado 30 años para dictar esta medida.
(Foto: Radio Uno)
El Tribunal Constitucional resolvió el 3 de marzo que la matanza de 133 reclusos del penal El Frontón, del 18 de junio de 1986, ocurrido durante el primer gobierno de Alan García, constituye un crimen de lesa humanidad. Al respecto el Dr. Francisco Soberón calificó de inédito el lapso de tiempo que lleva resolver este asunto de relevancia jurídica internacional.
“Hubo intentos de alcanzar justicia, pero los denunciados hicieron todas las maniobras posibles para acogerse al homicidio simple y así prescriba el delito. Esperar 30 años para que se produzca un juzgamiento es realmente algo sin precedente en el sistema judicial peruano, este caso mereció una sentencia de la Corte Interamericana, porque hubieron acusados de terrorismo y después fueron absueltos, y que, sin embargo, murieron en el Frontón, y los que murieron pudiendo ser subversivos debieron ser sometidos a un tribunal y condenados a penas severas, pero no ser víctimas de barbaries”, espetó Soberón Garrido.
Del mismo modo dijo que se pueden incluir nuevos investigados.“La fiscalía tiene que reactivar el caso y así se sabrá si hay autores mediatos que no fueron comprendidos en el proceso o que antes no se animaron a declarar. Hubo alguien que debió ser incluido, que es Agustín Mantilla, pero ya falleció, además se debe responder la interrogante de si hubo o no responsabilidad penal de Alan García, para eso habrá que esperar al desarrollo del proceso”.
El representante de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos) indicó que tampoco hay que olvidarse de los hechos del Penal “Castro Castro” en el Pabellón 11, ya que en ese tema solo tuvo implicancias la Guardia Republicana, pero no alcanzaron a los altos mandos militares, y en ambos casos deben seguirse diligencias complementarias.
CASO SODALICIO
Consultado por este asunto Soberón mencionó que es repudiable que en el Congreso les hayan dado la espalda a las víctimas y así consagrar la impunidad. “El planteamiento de Fuerza Popular no tiene ni pies ni cabeza, lamentablemente la Defensoría no pude investigar por mandato institucional a entes privados, por eso la creación de una comisión investigadora del parlamento era razonable y justa con el clamor de los niños, jóvenes y adultos que fueron vulnerados en sus derechos psicológicos, físicos y sexuales”, Agregó.
Finalmente espera que haya una rectificación para que se ordene una nueva investigación y determinar las responsabilidades alrededor de estos casos en el Sodalicio, no solo de Luis Fernando Figari (Fundador del Sodalicio), sino también del Cardenal Juan Luis Cipriani si hubiera algún tipo de acto que lo involucre, “lo importante ahora es que se reabra el caso”, concluyó Soberón.
