Comisión de ética del Congreso aprueba investigar a Jorge Castro. La indagación preliminar es por el presunto cobro de diezmos a una de sus trabajadoras.
Esta no es la primera vez que medios nacionales destacan cuestionable accionar del congresista por Tacna.
El legislador Jorge Castro es acusado de cobrar diezmos a los trabajadores de su despacho; así como de obligar a pagar el alquiler y los servicios de su oficina regional ubicada en Tacna, de donde fue electo representante.
Jorge Castro habría cometido el presunto delito de concusión, toda vez que los pagos de sus trabajadores habrían beneficiado al congresista, quien debía correr con los gastos generadores por su oficina regional y no sus colaboradores.
Ante los hechos, tanto la fiscalía como la comisión de ética del Congreso iniciaron un proceso de indagación preliminar, lo cual podría culminar en una sanción para el parlamentario en ambas instancias.
Recordar, que según el el artículo 382 del Código Penal, es merecedor de castigo aquel funcionario que obliga o induce a alguien a entregar un beneficio patrimonial.
De ser hallado culpable de este delito, el congresista Jorge Castro podría recibir una pena de hasta ocho años de prisión. Por su parte, la comisión de ética podría disponer 120 días de suspensión para el congresista por Tacna.
A través de #CuartoPoder, extrabajadora del despacho del congresista #JorgeCastro denunció que pagó por siete meses el alquiler de una oficina en #Tacna y, además, realizó un aporte de 150 soles al mes. https://t.co/F0899nKRaR
— radio uno (@radiouno_pe) April 29, 2019
INVESTIGADOS
Jorge Castro aparece en la portada de Correo (Lima) junto a Richard Acuña quien será investigado preliminarmente por un presunto caso de conflicto de interés por una reunión que sostuvo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para tratar el licenciamiento de la Universidad Señor de Sipán, de la que es accionista, miembro del directorio y apoderado el parlamentario.
Así también, Daniel Salaverry está en la misma situación que los mencionados. Él recibió la denuncia de un ciudadano por una presunta falta en el código de ética parlamentario. La acusación fue dirigida a la Comisión de Ética del Legislativo, presidida por su colega Janet Sánchez.
La imputación en contra de Salaverry fue enviada a mesa de partes el 15 de abril, en el que cuestiona que el congresista realizara unas críticas a la mesa directiva antecesora por tener a personal trabajando por «padrinazgo», cuando en la actualidad él ha contratado personal para el Congreso que ya había trabajado en una compañía a su nombre.
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