Se reunieron en asamblea popular y también solicitaron el cierre del proyecto especial Tacna.
(Foto: Radio Uno)
Pobladores en la provincia de Tarata realizaron movilización por calles principales de la jurisdicción a fin de exigir al Gobierno Regional de Tacna cumpla con suspender el proyecto hídrico Vilavilani II Fase I.
Alegan que el Ministerio de Agricultura el 13 de julio dispuso suspender el proyecto por 45 días mientras era conformada una mesa técnica con los colegios de ingenieros de Tacna y Puno, no obstante, aseguran que a la fecha el gobernador no da la orden de paralizar las obras.
La marcha culminó en la plaza central de la provincia en donde además el grupo hizo un recuento de lo hasta ahora ocurrido en relación a Vilavilani, así también solicitaron el cierre del Proyecto Especial Tacna.
Al respecto, el exconsejero Santos Pabloa Agama, recordó que existe una ordenanza que desactiva el PET debido a que no cumplió con el objetivo de solucionar el problema hídrica existente.
“Esta ordenanza 007-2016 del consejo regional fue emitida porque hubo un pedido de las cuatro provincias, de las juntas de aguas, había un dato de Contraloría que se perdió 50 millones de soles. Además, no estábamos de acuerdo con el proyecto Vilavilani por que no se ha resarcido a los pobladores de Tarata, además hubo un maltrato del gobernador Jiménez con una pobladora”, mencionó.
Por su parte, el exconsejero Román Carillo, refirió que “la desactivación del PET se tocó desde 2013, a ese entonces el PET gastó mil 400 millones de soles, pero el resultado no era optimo y en la segunda gestión fue sacada la ordenanza de la desactivación, pero el gobernador de esa entonces no le dieron la importancia, los consejeros actuales deben conformar una comisión de desactivación”.
En cuanto al presupuesto destinado al PET, indicó que éste pasaría a una gerencia de recursos hídricos, “corresponde a los dirigentes de Tarata para que puedan dirigirse al gobernador para que cumpla lo que se establece en la ordenanza”.
Así también, Rafael Vargas, exconsejero regional, agregó que “las ordenanzas regionales son similares a las leyes nacionales y son norma. El ejecutivo regional está en la obligación de cumplirlas (…) no hacerlo es contravenir el orden legal regional”.
