El Perú atraviesa un preocupante deterioro de su calidad democrática, marcado por irregularidades electorales, cuestionamientos a la legitimidad de las autoridades y falta de reformas institucionales. Así lo sostuvo el excongresista Fernán Altuve durante una entrevista concedida a Radio Uno de Tacna, en la que calificó el escenario político nacional como una “democracia fraudulenta”.
Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la crisis desatada en la Alcaldía de Lima y a las maniobras impulsadas por el entorno de Renovación Popular y Rafael López Aliaga. Altuve calificó el intento de reelección como “una trampa, una picardía y una criollada que salió mal”, al considerar que se pretendió sortear una prohibición constitucional sobre la reelección municipal inmediata.
El analista recordó que cientos de juristas advirtieron antes de los comicios sobre los impedimentos legales de dicha candidatura. Sin embargo, señaló que entre el 26% y 27% del electorado limeño respaldó esa opción, pese a los cuestionamientos jurídicos.
“El señor Alison debió ser alcalde de Lima porque es el que ha obtenido la segunda votación”, aseveró.
Altuve también cuestionó la situación generada tras la ratificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la entrega de credenciales a Janet Alonso, quien figuraba tercera en la lista edil. Sostuvo que Rafael López Aliaga no puede ejercer un “gobierno encubierto ni alterno”, debido a que legalmente solo le correspondería asumir funciones como regidor.
Aunque consideró que Alonso podría tener buenas intenciones, afirmó que su llegada al sillón municipal se produce en medio de una profunda disyuntiva y un serio déficit de legitimidad ante la ciudadanía.
En su diagnóstico nacional, el excongresista sostuvo que el país funciona bajo una “democracia fraudulenta”, debido a la ausencia de reglas equitativas y de condiciones de competencia limpia entre los candidatos.
Altuve advirtió que la acumulación de tres procesos electorales sumamente cuestionados en un mismo año, sumada a las revelaciones del caso Cerimedo, incrementa la vulnerabilidad política del Gobierno. Según sostuvo, estos acontecimientos terminan afectando la legitimidad de origen de la presidenta Keiko Fujimori y profundizan la incertidumbre sobre la estabilidad del Poder Ejecutivo.
Para el analista, el país necesita recuperar la confianza en sus instituciones y garantizar procesos electorales transparentes, pues sin reglas claras y legitimidad democrática se debilita la propia autoridad de quienes ejercen el poder.











