Radio Uno conversó con el procurador del Gobierno Regional de Puno, Santiago Molina, quien afirmó que el Gobierno Regional de Tacna incurrió en desobediencia a la autoridad al desconocer la medida cautelar aprobada por el Tercer Juzgado Civil de Puno que paraliza el proyecto hídrico de trasvase de agua Vilavilani II Fase I de Tacna.
Dijo que, «mientras no se resuelva lo contrario, la autoridad de Tacna debe abstenerse de realizar trabajos referidos con el proyecto Vilavilani», siendo así invocó a la autoridad a evitar confrontar a la población.
Como se recuerda, comunidades de Puno y Tarata se encuentran desde el 28 de junio en vigilia en la zona de afectación del proyecto en la provincia de Tarata.
Aseveró que corrió traslado de documentos a Fiscalía para el inicio de investigación al GRT por delito de desobediencia a la autoridad pues aseveró que existen pruebas fotográficas y fílmicas de que la autoridad en Tacna retomó trabajos pese al mandato judicial aprobado en octubre de 2020.
Comentó estar sorprendido por el accionar del GRT ya que aseveró que tanto la autoridad regional como el Proyecto Especial Tacna expresaron estar en contra de toda acción violenta por lo que acatarían la disposición judicial.
Sin embargo, reveló que tanto el GRT como el PET incluso obstaculizan las notificaciones que deberían recibir de parte del órgano jurisdiccional, «cambiando domicilios, ocultándose para no ser notificados. A cada momento cambian de domicilio y no recepcionan las notificaciones».
Para el procurador, fiscalía en materia ambiental también debe intervenir pues – alegó- «se esta aperturando pozos porque se habla de tema de bofedales (…) se causa daños irreversibles, la población que reclama con justa razón vive de ganadería (…) las autoridades de Tacna deben ser más humanos».
Agregó conocer que el GRT presentó «una acción de amparo para que no se presente ningún recurso en contra de Vilavilani y es inaceptable porque es derecho acudir en busca de tutela jurisdiccional».
Agregó que la instancia correspondiente «tiene que pronunciarse si declara fundado e infundado y eso atenta contra el derecho de poder acudir al Poder Judicial en vía de tutela jurisdiccional en defensa de su derecho, no estamos en una isla para actuar de esa forma». De tal manera que solicitó la intervención de la OCMA.
