El procurador del Gobierno Regional de Puno (GRP), Santiago Molina, calificó de anticonstitucional la demanda de amparo interpuesta por el Gobierno Regional de Tacna (GRT) ante la Corte Superior de Justicia de Tacna que como se sabe – según el gerente regional Luis Valdivia- el GRT espera desde 2019 que sea resuelta por el juez Saúl Felipe Arenas Pérez.
En conversación con Radio Uno, el procurador de Puno advirtió que de ser aprobada la demanda de amparo en la Corte de Tacna, la disposición provocaría que «ningún ciudadano podría acudir en defensa de sus derechos» y «eso es inaceptable». Para el letrado, “por más que un proyecto haya sido declarado de interés o de necesidad nacional, estamos en un estado de derecho y pienso que realmente deben actuar con independencia debida las autoridades jurisdiccionales y no estar al servicio de una autoridad determinada”, agregó.
“Es atentatorio contra un principio constitucional que es el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva. Cuando me veo afectado en mis derechos puedo acudir ante el órgano jurisdiccional para cautelar los mismos, pero con esta decisión (demanda aprobada) es anticonstitucional, inclusive esto tiene su historia; en un primer momento el juez lo denegó, lo declaró infundado, fue a la sala presidida por el juez superior Armasa y otros integrantes y revocó esa medida y dijo al juez que admitiera la demanda y se pronunciara, es decir que de luz verde a una decisión que sería anticonstitucional”, destacó
“Cómo en estos tiempos se puede prohibir que las partes presenten acciones en contra de un proyecto o de una determinada situación que consideran que esta afectando sus derechos, es realmente anticonstitucional», señaló.
-OCMA-
De tal modo que, no dudó en aseverar que el juez a cargo (Arenas Pérez) podría afrontar una investigación a manos de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
“No sé si habrá intervenido el órgano de control, pero ya se puso en conocimiento de OCMA para efecto de que tome las medidas porque es una actuación demasiada parcializada y espero estar equivocándome, pero espero que la justicia en Tacna no este al servicio del gobernador de Tacna (…) y espero (Arenas Pérez) actúe de acuerdo a su independencia porque si es que amparara este tipo de acciones seria incomprensible desde todo punto de vista y yo considero que tarde o temprano va a ser pasible de una investigación de un proceso disciplinario que puede traer consecuencias para el cargo que actualmente ostenta”, aseveró.
-OPOSICIÓN A MEDIDA CAUTELAR-
Mencionar que la citada demanda fue interpuesta a merito de evitar que el proyecto hídrico Vilavilani II Fase I sea paralizado, hecho que el GRT no pudo pues el GRP consiguió una medida cautelar aprobada en octubre de 2020 por el Tercer Juzgado Civil de Puno.
El GRT interpuso también una oposición ante el mencionado juzgado de Puno, pero a la fecha esta no es resuelta. Siendo así, Molina enfatizó que la autoridad regional a través del Proyecto Especial Tacna (PET) «no puede mover un clavo mientras no exista una resolución que deje sin efecto la medida cautelar».
«Si mañana o pasado se deja sin efecto ellos estarían en su derecho de continuar con ese proyecto, pero mientras siga vigente tienen que respetar la misma de lo contrario estarían incurriendo en delito de desobediencia a la autoridad», puntualizó.
-PET MIENTE-
A decir del abogado, el conflicto social fue originado por el PET pues comentó que durante la etapa de sensibilización de Vilavilani este junto al GRT afirmó que el componente Vilachaullani sería ejecutado a un costado del túnel Kovire, «pero viendo el expediente técnico (…) nos damos cuenta que la bocatoma quedaba 2 a 3 kilómetros en el mismo río Maure que está en limites de Puno con Tacna, es por esa razón y muchas más que se interpuso (la medida cautelar). Ahí faltaron a la verdad tanto el gobernador como el administrador del PET”, dijo.
Además, refirió que no existe expediente técnico que modifique el proyecto ni documentos formales que aseguren que el GRT, en siguientes gestiones, no ejecutará el resto de componentes de los cuales -dijo- uno contempla la perforación de pozos que causará daños en el sistema de bofedales de la zona.
“La razón da a Puno porque la obra esta proyectada a iniciar en el río Maure que limita a ambas regiones. Y ellos estaban desinformado que la obra sería desde túnel Kovire, además solo existe una carta de compromiso. Señores, debemos tener en consideración que existe un proyecto integral que ha sido aprobado y que habla de cinco componentes y eso no se va a dejar sin efecto por un gobernador de turno, mañana termina la gestión del señor Tonconi y el nuevo gobernador que no ha firmado ese compromiso, dirá aquí existe un proyecto aprobado y simplemente se realiza”.
-RETO-
En cuanto al reto que el gerente general Luis Valdivia lanzó a Puno para que el GRP sustente en Tacna la afectación de Vilavilani, el procurador refirió que tal petición debe ser formalizada por el Ejecutivo de Tacna ante el Ejecutivo de Puno.
Así también, aprovechó para cuestionar a Valdivia. Según el procurador el gerente general viene alegando incompetencia del juez que emitió la medida cautelar en Puno, pero – dijo- hace mal uso del Código Procesal Constitucional, en su art. 51.
“Quien elige dónde debe presentar la demanda es el demandante y Puno tiene la condición de demandante y por tanto aquí no se debe tratar de sorprender invocando artículos (a medio leer). Que el gerente general no trate de sorprender a la población, ayer es lo que ha hecho, tratar de sorprender”, aseveró.
