La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino; el extitular del gabinete ministerial, Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre del año pasado.
El despacho de la fiscal Zoraida Ávalos imputa a Merino y sus exministros, la presunta comisión, en la modalidad de omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual.
En la denuncia presentada hoy ante el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación señala que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones mencionadas.
Asimismo, se considera que no adoptaron medidas para controlar el uso de la fuerza policial, que terminó siendo desproporcionada. Dicha omisión se dio –señala la Fiscalía- pese a contarse con información oficial referida a la intensificación de esas acciones.
#LoÚltimo | Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores y Gastón Rodríguez por la muerte de Inti y Bryan. La Denuncia fue presentada esta tarde ante Mesa de Partes del Congreso. Leer más: https://t.co/Xuv0Jl1qIm pic.twitter.com/rEKfkeaV7Y
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2021
En ese sentido, se indica que los denunciados habrían actuado con dolo eventual, pues desde que asumieron sus cargos conocían las manifestaciones sociales, ya que estas eran reportadas por los medios de comunicación.
Dicha modalidad se aplica bajo la premisa de que los referidos funcionarios, en vez de prever los resultados de las movilizaciones, “persistieron en sus conductas omisivas”.
“Para decirlo en términos más directos, tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron”, se indica en la denuncia.
MEDIDAS INSUFICIENTES
La fiscalía cuestiona, en ese contexto, que “no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones y, por el contrario, se permitió se prosiga con las mismas, lo que conllevó como resultado dos personas fallecidas y 78 ciudadanos identificados a la fecha con lesiones leves y graves, quienes participaron en dichas movilizaciones sociales”.
La denuncia constitucional contra Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez deberá ahora ser calificada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
