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Contraloría advierte perjuicio por más de S/100 mil en Diresa

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La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 122 657,52 en la Dirección Regional de Salud de Tacna, causado durante el año 2018 por la entrega de compensaciones no económicas a personal al que no le correspondía dicho beneficio. Tres funcionarios tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa en estos hechos.

El informe de control específico N°021-2021-2-0667-SCE, detalla que esta compensación consistía en la entrega de tarjetas electrónicas para el consumo de alimentos en el marco del Plan de Bienestar de la Diresa Tacna, diseñado para servidores que laboran en el régimen de la ley 276 y aprobado mediante directiva para los años 2018-2019.

En este sentido, la Diresa adquirió y distribuyó las tarjetas electrónicas por un monto total de S/ 800 por persona a 225 trabajadores de la entidad, entre los cuales figuran 82 servidores que perciben compensaciones, entregas económicas y no económicas en el marco de la Ley N° 1153.

Al respecto, la comisión de control posterior determinó que se vulneraron los artículos 5 y 6 de la norma 30693. Del mismo modo se incumplió la disposición 14 de la ley 1153 que establece que al personal de salud bajo su alcance no le es aplicable lo establecido en el Sistema Único de Remuneraciones de la Ley N° 276.

A pesar de lo indicado en la normativa, funcionarios que durante el año 2018 estuvieron a cargo de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, la Jefatura del Equipo de Administración de Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva de Administración, viabilizaron las acciones para la entrega de las tarjetas electrónicas. En este sentido, la Contraloría encontró responsabilidad civil y administrativa en los servidores.

Los resultados del informe de control específico fueron notificados al director regional de salud con la finalidad de que se efectúe el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el informe, además recomendó el inicio de las acciones legales civiles a cargo de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República.