El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) inició un proceso administrativo sancionador a Movistar, Claro, Entel y Bitel tras detectar que dichas empresas operadoras continuaron ofreciendo la contratación del servicio móvil en puntos de venta no reportados, pese a lo dispuesto en la normativa vigente.
Durante diciembre de 2021, el OSIPTEL fiscalizó en campo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11-D del Texto Único Ordenado (TUO) de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que establecen las contrataciones de servicios en espacios autorizados e informados al regulador, los mismos que difieren de la vía pública o la venta ambulatoria.
Así, a través del equipo de la Dirección de Fiscalización e Instrucción del regulador, se constató que, tanto en Lima como en otros puntos del territorio nacional, las empresas operadoras continuaron ofreciendo a los ciudadanos chips móviles en las calles y realizando la contratación del servicio en la vía pública y puntos no autorizados ni informados al OSIPTEL.
Por ello, el 30 de diciembre de 2021 se notificó a las cuatro empresas operadoras del inicio del proceso sancionador, así como de la resolución de medidas cautelares que ordenan el cese de esta contratación en un plazo máximo de un día hábil.
Como parte de las acciones planificadas para constatar la venta de servicios móviles en lugares autorizados y contrarrestar la venta de chips móviles en las calles, el OSIPTEL ha previsto acciones de fiscalización con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas cautelares, cuya vulneración conllevaría a infracciones tipificadas como muy graves en el sistema de sanciones.
RIESGOS
La compra de chips móviles en la vía pública puede colocar en riesgo los datos personales de los usuarios. Además de no entregarse información clara y detallada sobre el servicio contratado, sin una garantía de lo adquirido, existe la posibilidad de que la información personal y la huella digital del usuario esa usada para fines distintos a los autorizados y hasta en actividades fraudulentas u otros delitos. Por ello, es recomendable adquirir los servicios móviles en lugares autorizados.
Ante incumplimientos como estos por parte de las empresas operadoras, es necesario fortalecer las capacidades fiscalizadoras y sancionadoras del OSIPTEL, como se ha solicitado al Congreso de la República, a través de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), a fin de proveerla de mayores y mejores mecanismos que disuadan tanto conductas como prácticas que impacten negativamente en los usuarios y en el mercado de las telecomunicaciones.
