El Apra no sólo habría evitado el desafuero de la congresista Rocío González —a quien los medios han denominado 'Robaluz’—, sino también habría protegido durante más de 6 meses al legislador Gustavo Espinoza Soto, quien debió haber sido inhabilitado por infracción a la Constitución.
Desde marzo pasado se encuentra "congelado" el caso de Espinoza Soto, quien fue denunciado por enviar el video que registra unas declaraciones antichilenas del general Edwin Donayre a congresistas del vecino país.
El 24 de marzo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe que denuncia al referido parlamentario y que propone que se le aplique una inhabilitación de 3 años para el ejercicio de toda función pública.
La legisladora fujimorista Martha Moyano, quien presidió entonces la subcomisión, reveló que cumplió con los procedimientos y plazos.
"Si la Comisión Permanente no lo ha visto a la fecha, es responsabilidad del Presidente del Congreso", enfatizó.
El titular del Legislativo en esa oportunidad —y hasta julio de este año— fue Javier Velásquez Quesquén, quien fue reemplazado por su compañero de partido Luis Alva Castro.
Ambos han pasado por alto el informe y permiten que este legislador siga en funciones.
(Cortesía: CPN Radio)
