La Vocalía Suprema de Instrucción, a cargo de Sócrates Zevallos, sentenció a tres años de inhabilitación de todo cargo público y al pago de 30 mil nuevos soles a la suspendida congresista Elsa Canchaya, por el nombramiento ilegal de su empleada del hogar como asesora.
Dicha sentencia se sustentó al haberse probado "de manera suficiente" la materialidad del delito y la responsabilidad penal de la encausada; y por infringir los deberes de función que se le asignaron en su calidad de parlamentaria, funcionaria y servidora pública.
Canchaya, según la denuncia, contrató como asesora a su empleada del hogar, Jacqueline Simón, bajo un supuesto cargo de encuestadora en zonas agrícolas, para el que no contaba con estudios profesionales ni título alguno.
La privación de todo cargo público se contabiliza desde el 7 de junio de 2007, por lo que dicha condena se cumplirá hasta el 6 de junio de 2010.
Asimismo, la Corte Suprema fijó en 30 mil soles el concepto de reparación civil, la que deberá ser abonada al Tesoro Público por la sentenciada, "con sus bienes públicos o con el tercio de su haber de ser el caso".
De igual modo, el tribunal le impuso a la ex legisladora de Unidad Nacional el pago de 120 días multa correspondiente al 30 por ciento de sus ingresos.
Tras la lectura de la sentencia, Canchaya interpuso el derecho impugnatorio, el mismo que deberá ser fundamentado, según los plazos de ley, en los próximos diez días. Al momento de darle la palabra, la ex congresista se mostró en desacuerdo con la sentencia en su contra y dijo que la misma le parecía "ilegal desde todo punto de vista".
Agregó que todos los fundamentos vertidos durante el informe legal "no han sido recogidos en lo absoluto" (en la condena), por lo que, sostuvo, "pareciera que la sentencia ya estuviera redactada desde hace mucho tiempo".
Cortesía Andina
