En el día 46 de la desaparición de Priscila Bravo Álvarez (27) el juez Jorge Machicado Tejada acogió en parte el pedido fiscal de 9 meses de impedimento de salida del país para Benjamín Batallanos Álvarez (54) dictando 6 meses en audiencia virtual realizada este 15 de junio.
Batallanos es conviviente de la joven y considerado principal sospechoso en el caso que es investigado como presunto feminicidio contra quienes resulten responsables. En interrogatorio policial manifestó que estuvo por última vez junto a Priscila en un predio ubicado en Calana, pero que la joven – madre de sus dos hijos- abandonó el lugar el 29 de abril alegando que iría en busca de saldo para su celular no volviendo más.
Equipo especial de la PNP procedente de Lima, Unidad Canina de Arequipa, fiscalía y maquinaría pesada fue desplegada en allanamiento hasta la vivienda referida por Batallanos en la avenida Los Ángeles. Tal diligencia se realizó el 9 de junio y se repitió el día 11 en un segundo predio ubicado a pasos del primero.
Durante la audiencia de este miércoles la Fiscalía reveló que producto de los allanamientos fueron encontradas prendas de vestir, cabellos, celulares luego incautados y que el peritaje de luminol dio positivo a rastros de sangre en el pozo de la primera vivienda objeto de diligencia. La defensa de Batallanos alegó que esto último se debe a que su cliente se dedica a la crianza y beneficio de cuyes.
Batallanos -según su abogado- tenía planeado viajar a la ciudad de Arica – Chile no representando esto un peligro de fuga y que además existe la predisposición de allanarse a las investigaciones.
La defensa contratada por la familia de la desaparecida recayó en el letrado Miguel Díaz quien manifestó en todo momento la existencia de fuertes elementos de convicción que probarían la culpabilidad de Batallanos en el caso siendo que este además se convirtió en padre junto a su defendida cuando ella apenas tenía 14 años.
