La Contraloría General de la República determinó que el incumplimiento de la normativa interna sobre la supervisión en el traslado de bienes en la Municipalidad Distrital de Ite permitió la sustracción de tres camionetas que fueron dadas de baja e iban a ser subastadas en el año 2019.
El Informe de Control Específico N° 027-2022-2-2633-SCE, que evaluó el periodo comprendido del 27 de septiembre del 2019 al 31 de mayo de 2021, determina que por estos hechos se halló responsabilidad administrativa en las personas que ocuparon la Jefatura de Control Patrimonial y la Gerencia de Administración y Finanzas, el cual también tiene responsabilidad penal en los hechos.
Los bienes sustraídos son dos camionetas doble cabina 4×4 adquiridas en el 2005 y otra comprada por la entidad en el 2009, puestas a disposición del área de bienes muebles en calidad de chatarra, con lo cual se autorizó su compra venta mediante subasta pública con un valor comercial de S/ 27 488 por las tres unidades.
La comisión de control determinó que la sustracción ocurrió luego que la Gerencia de Administración y Finanzas autorizó el traslado de los vehículos al centro de acopio de la entidad, sin embargo, dicho movimiento patrimonial se realizó sin la documentación que cautela y custodia final de las camionetas. Además, no se supervisó presencialmente el traslado de las mismas.
Según la documentación encontrada al respecto, en octubre del 2020 -durante su entrega de cargo- el jefe de la Unidad de Equipo Mecánico no se registró las camionetas dadas de baja, de igual manera el 30 de diciembre del 2020 confirmó la falta de las tres camionetas.
Del mismo modo en actas de fiscalización que datan del 26 de febrero 2021 y 11 de marzo de 2021, se acreditó que los bienes no se encontraron en el taller municipal ni en el centro de acopio de la entidad.
Los resultados del Informe de Control Específico fueron notificados Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ite, con la finalidad de que se efectúe el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios comprendidos en los hechos; mientras que a la Procuraduría de la Contraloría General de la República dará inicio a las acciones legales civiles contra los involucrados.
