«Ha retomado un poco (de) actualidad el caso Lava Jato. Me parece que es una buena noticia en relación a la subsanación de acusación presentada por el fiscal Pérez Gómez contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles de Fuerza Popular», mencionó a Radio Uno el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
El Ministerio Público, vía redes sociales, informó el 20 de agosto que el Equipo Especial Lava Jato cumplió con subsanar el requerimiento acusatorio formulado en el caso «Cócteles» que involucra a Keiko Fujimori y otros 40 personajes implicados en el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2011 y 2016 del fujimorismo. Durante una audiencia, que se desarrolló el 19 de agosto, se notificó que el equipo, liderado por el fiscal provincial José Domingo Pérez, cumplió con lo dispuesto e hizo entrega de las correcciones solicitadas a la acusación, a las 8:54 de la mañana del último viernes.
El abogado de IDL destacó que, «esta acusación fue presentada en 2021 cuyo control de acusación comenzó en enero y las defensas habían hecho un conjunto de observaciones y solicitudes de subsanación y ese trance en realidad estaba durando mucho tiempo». «Tengo entendido que fueron cuatro solicitudes de subsanación que ha exigido el juzgado del juez Víctor Zúñiga. Ha cumplido Pérez Gómez después de casi ocho meses», agregó.
«Ahora sí va a comenzar el control de acusación, es decir la discusión entre Fiscalía y defensas sobre el contenido de acusación fiscal», señaló.
Otro dato en Lava Jato, «es la acusación presentada también por Pérez Gómez contra Susana Villarán«, destacó Rivera.
El 25 de agosto se conoció que el Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, presentó acusación contra la exalcaldesa de Lima por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Fiscalía solicitó 29 años de pena privativa de la libertad, por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar al mando del municipio.
«En el caso de Susana Villarán hay un elemento que diferencia a los otros casos en el caso Lava Jato. Los aportes se dan cuando eran funcionarios públicos y en el marco de renegociación de un proceso de concesión», acotó el abogado.
Para el letrado es importante tener en cuenta que «el caso (Ollanta) Humala tiene que ser un elemento de referencia en cuanto a la interpretación del sistema de justicia peruano sobre el caso Lava Jato en general, sobre todo en aquella parte que ha trastocado nuestra vida política».
