Al amanecer del cinco de junio de 2009 el paro indígena promovido contra unas leyes que afectaban los derechos territoriales de los pueblos indígenas se convertía en una batalla campal. Tras dos meses de protestas en la selva, el gobierno enviaba un espectacular contingente policial armado con fusiles de guerra y apoyado por helicópteros y vehículos blindados para desalojar a los centenares de indígenas que mantenían bloqueada la carretera Fernando Belaunde Terry a la altura de la ciudad amazónica de Bagua.
En la zona conocida como la Curva del Diablo se iniciaba a las seis de la mañana la espiral de violencia entre nativos y policías que se extendió como una mecha en la región y alcanzó las localidades cercanas. Durante 24 horas la Amazonía se convirtió en un escenario de guerra en el que peruanos se enfrentaron contra peruanos. Murieron 33 personas, 23 de ellas policías, y casi 200 civiles resultaron heridos de bala.
Poco se ha avanzado en la investigación de estos hechos, por los que han sido procesados más de 70 indígenas pero ninguna autoridad policial ni política. Las comisiones de investigación creadas en el Congreso se han fracturado y han emitido informes contrapuestos sobre lo sucedido. Mientras que el informe oficialista responsabiliza de los hechos únicamente a los nativos, a misioneros de la iglesia católica y a medios de comunicación locales, el informe apoyado por las organizaciones de derechos humanos destapa un operativo policial mal planificado en el que se llegaron a disparar 24.900 tiros.
"No me cansaré de denunciar que lo que hubo en Bagua fue una masacre de policías", dijo el viernes Alan García, ignorando a los civiles muertos, el desastroso operativo de desalojo y el origen de este conflicto, que ha dejado profundas cicatrices en el país.
Hoy, a un año de estos trágicos sucesos, los familiares de las víctimas, tanto policías como indígenas, dan una lección de reconciliación al gobierno y exigen justicia.
Cortesía: elmundo.es
